La ciudadanía italiana, ese derecho que durante décadas conectó a miles de argentinos con sus raíces europeas, está a punto de volverse mucho más difícil de obtener. El Senado de Italia aprobó el Decreto Tajani N.º 36/2025, una reforma impulsada por el gobierno de Giorgia Meloni que modifica sustancialmente los criterios para acceder a la nacionalidad por ascendencia. Aunque la medida todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, se descuenta que será aprobada sin mayores sobresaltos, ya que el oficialismo cuenta con mayoría.
En un país como el nuestro, donde millones de personas tienen apellidos italianos y la ciudadanía italiana se volvió una puerta de entrada a Europa, la noticia generó preocupación. Hasta ahora, bastaba con demostrar el linaje y la documentación correspondiente, sin importar cuántas generaciones nos separaban del ancestro nacido en Italia. Pero con esta reforma, solo los hijos y nietos de italianos nacidos en territorio italiano podrán obtener la ciudadanía de forma automática. Los bisnietos, tataranietos y generaciones posteriores deberán cumplir requisitos nuevos, como rendir un examen de idioma y demostrar integración con la cultura italiana.
Este cambio no solo pone en jaque el sueño europeo de miles de argentinos, sino que también busca frenar lo que el gobierno italiano considera un “uso excesivo” del derecho a la ciudadanía. Según explicó el canciller Antonio Tajani, el decreto busca “devolver dignidad y significado a un derecho que debe estar basado en un vínculo verdadero con Italia, no solo burocrático”. La propuesta también apunta a frenar la “comercialización” de la ciudadanía italiana, que en los últimos años experimentó un auge notable, sobre todo en Sudamérica.

Cambios en la ciudadanía italiana: los efectos del Decreto Tajani
La nueva normativa introduce restricciones claras. Para acceder a la ciudadanía italiana por descendencia, se exigirá que el solicitante sea hijo o nieto de un italiano nacido en Italia. Si se trata de un bisnieto o tataranieto, deberá cumplir requisitos adicionales, como acreditar conocimientos del idioma italiano y demostrar su integración cultural. Además, a partir de la publicación oficial del decreto, quienes inicien el trámite ya no podrán hacerlo a través de los consulados italianos, sino directamente en un ente del Ministerio de Exteriores.
Otra novedad es la obligación de mantener un “vínculo real” con Italia: los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero deberán ejercer algún derecho o deber vinculado a su ciudadanía al menos una vez cada 25 años, bajo amenaza de perderla. Este punto ha generado inquietud entre las comunidades italianas del exterior, que temen perder un derecho que durante generaciones fue transmitido como un legado familiar.

Casos excepcionales y una cuenta regresiva
El decreto prevé algunas excepciones. No afectará a quienes hayan iniciado el trámite de ciudadanía italiana o tengan turno antes del 27 de marzo de 2025. También establece una prórroga de un año para los menores de edad nacidos antes de esa fecha, quienes podrán presentar la documentación bajo la legislación anterior. Además, los descendientes que viajen a Italia desde países como Argentina podrán permanecer hasta dos años (en lugar de los tres meses habituales con visa de turista), aunque luego deberán cumplir los nuevos criterios para poder quedarse.
Impacto en la Argentina
En nuestro país, donde se tramitan decenas de miles de pedidos de ciudadanía italiana por año —pasando de 20.000 en 2023 a 30.000 en 2024—, la reforma genera incertidumbre y apuro. Muchos argentinos están acelerando sus trámites para llegar antes del cambio de reglas. El decreto, según indicaron desde Roma, aún no tiene una fecha estipulada de entrada en vigencia, ya que falta su publicación oficial. Sin embargo, una vez que eso ocurra, el escenario será otro.

Con esta reforma, Italia busca controlar el fenómeno migratorio y poner un freno al crecimiento explosivo de italianos en el extranjero, que en los últimos 10 años aumentaron un 40 %, pasando de 4,6 millones a 6,4 millones. Frente a este panorama, la ciudadanía italiana deja de ser un trámite meramente administrativo para transformarse en un vínculo que deberá ser justificado y, en muchos casos, peleado.