El gobierno de Javier Milei eliminó la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para "recabar información" sobre el escándalo de $Libra, la criptomoneda que el mismo Presidente difundió en sus redes sociales y que está sospechada de ser una estafa.
Así lo determinó este martes el propio Milei mediante la publicación del Decreto 332/2025 en el Boletín Oficial. La medida lleva las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. De acuerdo con el escrito, la información sobre el criptoactivo requerida a distintos organismos “fue remitida al Ministerio Público Fiscal” y “la tarea encomendada por el Decreto N° 114/25 fue cumplimentada”.
Según el texto, entregaron información la Oficina Anticorrupción, el Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Agencia de recaudación ARCA (exAFIP), la Casa Militar, la Dirección de Migraciones, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la Inspección General de Justicia (IGJ), la subsecretaría de Asuntos Políticos y la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, aún no se publicaron los informes oficiales que justifiquen la disolución de la unidad.
La UTI había sido creada por la propia administración libertaria el 19 de febrero, cinco días después de la publicación de Milei en la que difundió el criptoactivo, en una acción que lo complicó junto a su hermana y funcionaria Karina Milei. El organismo iba a funcionar dentro de la cartera de Justicia con el objetivo de recopilar información sobre el caso y colaborar con el poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal (MPF) durante el proceso investigativo.
Entre sus funciones, la unidad tenía la facultad de solicitar información y documentación a los organismos del sector público nacional, así como solicitar datos a autoridades provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y organismos internacionales a través de la intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El decreto que informa la disolución de la UTI asegura que todos esos objetivos ya fueron cumplidos y que los organismos estatales dieron respuesta a la información solicitada. Mientras tanto, el caso continúa bajo investigación en manos de la jueza María Servini. En línea con la medida publicada hoy, el avance de todas las investigaciones es obstruido por la resistencia de los funcionarios del Gobierno a colaborar con información. Sin embargo, la causa también avanza en los Estados Unidos.
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