El Tribunal Oral Criminal N°3 de San Isidro resolvió suspender por una semana el juicio por la muerte de Diego Maradona, luego del escándalo que envuelve a la jueza Julieta Makintach. La magistrada es investigada por presuntamente autorizar el ingreso de personas ajenas al proceso para grabar material destinado a un documental, sin el consentimiento de las partes.
La decisión fue anunciada por el juez Maximiliano Savarino, quien preside el tribunal, luego de un cuarto intermedio en el que los jueces evaluaron el pedido de la Fiscalía. El juicio se reanudará el próximo martes 27 de mayo a las 10:30, con la obligación de que vuelvan a presentarse los siete imputados.
El fiscal Patricio Ferrari, acompañado por Cosme Iribarren, había solicitado una suspensión de diez días debido a la gravedad institucional del hecho. “¿Qué podríamos hacer ahora? ¿Fingir que no pasó nada?”, cuestionó Ferrari durante la audiencia.
La jueza Makintach tomó la palabra antes de que concluyera la jornada y anticipó que podría apartarse voluntariamente del juicio si así se garantiza la validez del proceso. “Estoy convencida de mi imparcialidad, pero si algo está en riesgo, tal vez deba correrse del caso”, expresó.
La denuncia fue presentada la semana pasada por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes de Dalma, Gianinna y Dieguito Fernando Maradona, respectivamente. La acusación sostiene que dos infiltrados de una productora audiovisual habrían grabado las audiencias con el aval de Makintach, sin notificación previa a las demás partes.
El expediente paralelo está en manos de la fiscal Carolina Asprella, y ya declararon dos policías que confirmaron la autorización de la jueza para que estas personas ingresaran a la sala. Según el fiscal Ferrari, uno de ellos sería productor audiovisual, información que habría verificado por búsqueda en internet.
La mayoría de las partes acusadoras y varios abogados defensores adhirieron al pedido de suspensión, incluido el letrado Vadim Mischachunk, representante de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las principales imputadas. Coincidieron en que el proceso debía pausarse hasta que se esclarezca el escándalo.
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