Desde la restauración de la democracia el país tuvo una serie de blanqueos a lo largo de las sucesivas presidencias. Casi todas las administraciones aplicaron en algún momento una exteriorización de activos (como formalmente se lo llama), por lo que no sorprendió cuando a mediados del año pasado la gestión de Milei hiciera lo mismo en el marco del llamado Paquete Fiscal y la Ley Bases que se aprobaron en el Congreso y luego se reglamentaron.
Pero ahora la palabra blanqueo vuelve a surgir, pero esta vez no en boca del gobierno. Tras los recientes anuncios que hicieron el vocero Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo sobre el llamado "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", la medida se entendió como un "virtual blanqueo" para que las personas físicas y pymes saquen sus dólares del colchón y los usen.
Una historia sobre los blanqueos que se hicieron desde el retorno a la democracia permitirá entender mejor las implicancias de esta medida.
Historia de los blanqueos en argentina: de Raúl Alfonsín a Alberto Fernández
Como consecuencia de la fuga de capitales, un fenómeno recurrente en el país desde el retorno a la democracia, los sucesivos gobiernos aplicaron blanqueos para intentar estimular el reingreso de los dólares al país, aumentar la recaudación e incrementar la base imponible.
Obviamente esta medida no esta exenta de críticas, ya que implica un premio a quienes evaden impuestos y un incentivo a no pagarlos en el futuro.
El primer blanqueo se aplicó en 1987 bajo el gobierno de Raúl Alfonsín y se denominó "Régimen de Normalización de Impuestos". Ante las dificultades económicas, el gobierno de entonces implementó la medida con el fin de apuntalar la recaudación e incrementar los recursos disponibles.
En ese sentido, el objetivo del blanqueo consistía en la normalización del Impuesto a las Ganancias y otros impuestos, sobre los capitales y otros tributos. Al mismo tiempo, los capitales que ingresaran iban a destinarse a las arcas del Banco Hipotecario, que en ese momento era público.
Como contrapartida, quienes blanquearan no tendrían que declarar el origen de los fondos ni se les aplicaría ninguna sanción penal o tributaria.
Carlos Menem también lanzó su blanqueo. Fue en 1992 y se llamó "Modificación del Impuesto a las Ganancias. Impuesto sobre los Activos. Exteriorización de la Tenencia de la Moneda Extranjera, Divisas y demás bienes en el exterior".
La medida permitía ingresar divisas en el país por montos inferiores a los US$500.000 (lo que en su momento equivalía a $500.000 por la convertibilidad) en un plazo de cuatro años. El esquema incluía una sucesión de alícuotas con penalidades crecientes. En el primer año la alícuota era de 1%; en el segundo, 1,5%; hasta llegar a 2,5% en el cuarto año.
Fernando De la Rúa también había intentado implementar un blanqueo mediante el DNU 1387, firmado en noviembre de 2001. Un mes más tarde, dejaría la Presidencia tras huir de la Casa Rosada en helicóptero, por lo que la medida quedó sin efecto.
Néstor Kirchner fue el único presidente electo en tras la restauración democrática en no implementarlo. Bajo su gestión primaron los famosos superávits gemelos (saldos positivos en la cuenta corriente de la balanza de pagos y en las cuentas públicas), lo que que le permitió evitar este tipo de medidas recaudatorias.
Por su parte, Cristina Kirchner tuvo dos blanqueos. El primero se lanzó a fines del 2008, tras la disputa con el campo, y finalmente se implementó en 2009. La medida buscaba dinamizar la actividad económica en medio de una recesión producida por la crisis global tras la caída de Lemhan Brothers en Estados Unidos.
El blanqueo se sancionó con la Ley 26.476, llamada "Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales". El mismo contaba con una alícuota de 8% para quienes blanquearan fondos sin repatriarlos; y de 6% para quienes los ingresaran al país.
La alícuota era de 3% para quienes utilizaran los capitales para comprar títulos públicos, pasando a 5% si se hacía en un plazo mayor a los tres meses; mientras que se reducía a un 1% si se destinaba a inversiones inmobiliarias, industriales o agropecuarias.
De acuerdo con la información oficial, el blanqueo permitió el ingreso de US$4.700 millones. De todas maneras, la medida no tuvo mucho éxito, ya que solo un 4,3% de los fondos provenían del exterior.
El segundo blanqueo de Cristina fue en 2013 bajo el nombre de "Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior". El mismo apuntaba a atraer capitales líquidos por un monto de alrededor de US$4.000.
La iniciativa buscaba vincularse con los sectores de la construcción y el mercado inmobiliario. Quienes ingresaran al blanqueo podrían hacerlo a través de instrumentos financieros como el Certificado de Depósito para la Inversión Inmobiliaria (CeDIN), un título denominado en dólares que servía para la compra venta de inmuebles.
Sin embargo, la falta de confianza que reinaba en la economía de Cristina Kirchner tras la implementación del cepo cambiario en 2012 hizo que la medida no diera el resultado esperado. Para fines de ese año, solo había US$512 millones suscriptos en los instrumentos del blanqueo y de ellos únicamente US$40 millones eran fondos repatriados. En total, se captaron US$2.600 millones.
El quinto blanqueo llegó de la mano de la Presidencia de Mauricio Macri. El gobierno de Cambiemos impulsó el "Plan de exteriorización voluntaria de capitales" en 2016 tras la salida del cepo. El mismo no alcanzaba sólo al dinero en efectivo sino también a cualquier tipo de bienes no declarados tanto en el exterior como en el país.
Como en otras ocasiones, contenía alícuotas con penalidades crecientes. Eran de 0% hasta los $305.000 y subía a 5% hasta los $800.000. Por encima de esa marca se pagaba un 5% para inmuebles y un 10% para el resto de los bienes. A partir de enero y hasta marzo de 2017 la alícuota subía al 15%.
Además, se podía evitar el pago de impuestos especiales en caso de que se adquirieran bonos del Estado o se suscribieran a fondos comunes de inversión por un plazo de cinco años para proyectos inmobiliarios o productivos.
Si bien la ley fue aprobada en julio por el Congreso, en noviembre el gobierno modificó por decreto los términos de la normativa y permitió que los familiares de funcionarios públicos pudieran ingresar al blanqueo, una medida que generó mucha polémica en su momento.
La medida permitió que se regularizaran activos por US$116.800 millones y permitió recaudar $148.600 millones que se usó esencialmente para el pago de haberes jubilatorios de la llamada Ley de Reparación Histórica. Además, la medida permitió ampliar la base imponible de Bienes Personales
Se trató del mayor blanqueo de la historia de Argentina y el segundo a nivel mundial, sólo superado Indonesia que exteriorizó US$330.000 mediante una operación similar.
El blanqueo de Milei
Con la aprobación de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en junio de 2024 el Congreso sancionó un nuevo blanqueo. El mismo permitía regularizar hasta US$100.000 sin tener que realizar ninguna clase de aporte. Por encima de ese monte, se aplicaban una sucesión de alícuotas en sentido creciente a medida que transcurrían los plazos.
Así, en la primera etapa la alícuota era de 5% y finalizaba el 30 de septiembre del corriente año. Luego se prorrogó hasta el 30 de octubre y se realizó una última extensión hasta el 8 de noviembre. La segunda etapa implicaba una carga de 10% que finalizó el 7 de febrero de 2025. La tercera era por un 15% y cerró el pasado 7 de mayo.
El blanqueo abarcaba a una variedad de activos, como inmuebles, acciones de empresas, cuentas bancarias, cuentas de inversión, criptomonedas, entre otros. Pero la particularidad del régimen era que incentivaba fuertemente el blanqueo de dólares en efectivo. Sólo se podían blanquear billetes en la primera etapa, por lo que la alícuota variaba entre 0% (para montos menores a los US$100.000) y 5% (para mayores a US$100.000).
Otra manera de evitar el pago del impuesto era invirtiendo los dólares en un menú variado de activos y mantenerlos inmovilizados por el plazo de un año y medio. Para este último caso, el monto de dinero en efectivo no tenía límites.
El éxito del blanqueo permitió US$20.631 millones en efectivo. Una cifra que supera a lo ingresado en durante el gobierno de Macri. Si bien, como se dijo la iniciativa durante la administración Cambiemos consiguió regularizar activos US$116.800 millones, lo cierto es que la mayor parte de este monto no reingresó al país, sino que se mantuvieron en el exterior, mientras que la cifra de Milei solo cuenta el montó líquido en divisas.
El dinero del blanqueo aumentó los depósitos en dólares a los bancos, gran parte del cual fue utilizado por las entidades para realizar préstamos al sector privado, mientras que otra parte se depositó en el Banco Central, permitiendo aumentar sus reservas.
La medida además buscaba comenzar el tránsito hacia la libre competencia de monedas, esto es, un sistema en donde las personas puedan elegir qué moneda utilizar (pesos o dólares) para sus transacciones. Para ello, era necesario que los dólares depositados se quedaran en el sistema y no volvieran a los "colchones".
Es por eso que en enero el gobierno habilitó el pago con tarjetas de débito en dólares. Para ello, se permitió que los precios de los productos mostraran su valor tanto en pesos como en dólares. Además, la tarjeta de débito tenía que estar vinculada a una caja de ahorro en dólares.
La medida abarcaba principalmente a los rubros: Turismo; Electro y tecnología; Hogar, materiales para la construcción, artículos para para la casa, decoración, diseño; y Comercio minorista.
Sin embargo, su implementación no tuvo mucho éxito. En sí se trataba de una medida limitada, que no agregaba dólares al sistema, así como por el hecho de que los dólares en argentina son utilizados principalmente como instrumentos de ahorro o para grandes transacciones y no para consumo.
Finalmente, los recientes anuncios del Gobierno iban de la mano con la eliminación de una serie de regímenes informativos que los funcionarios calificaron como una "exagerada burocracia". De este modo, los consumos hasta $10 millones y las operaciones financieras hasta los $50 millones dejarían de estar bajo la mira del Gobierno para enfocarse únicamente en los grandes contribuyentes.
El objetivo es que monotributistas, autónomos y pymes utilicen su dinero no declarado para consumo. De esta manera, las personas podrían verse tentadas de retirar sus dólares del colchón para realizar este tipo de transacciones. Como contrapartida, el Gobierno tendría una palanca para reactivar el consumo además de obtener un efecto positivo en la recaudación por la vía de los impuestos indirectos.
Con esta medida, el Gobierno consolida aún más la bimonetariedad. Permiten utilizar los dólares en efectivo y a cambio pregunta poco y nada qué se hace con ese dinero.
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