El Gobierno actualizó los umbrales para el control de operaciones en efectivo, permitiendo así un mayor uso de los denominados “dólares del colchón” para adquirir inmuebles, autos o realizar depósitos bancarios sin activar alertas automáticas por lavado de dinero. La medida fue oficializada este miércoles a través de una resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Entre los cambios más relevantes, se destaca la suba del umbral a partir del cual los Registros de la Propiedad Inmueble deben reportar operaciones sospechosas: pasó de 200 a 750 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Esto implica que solo se deberán informar aquellas compraventas que hoy superen los $660 millones, lo que descomprime significativamente el monitoreo de transacciones menores y habilita mayores márgenes de maniobra con dinero no declarado.
En el caso de los autos, se modificó el requisito de elaboración del “Perfil del Cliente”, que ahora solo será obligatorio para operaciones anuales por encima de los $115 millones. A quienes superen ese monto se les exigirá documentación respaldatoria del origen lícito de los fondos, pero ya no será necesario presentar certificaciones contables ni declaraciones juradas impositivas como único justificativo.
El nuevo esquema también flexibiliza los controles si el pago del vehículo se realiza mediante transferencia bancaria, cheque personal o crédito otorgado por una entidad financiera regulada, en cuyo caso no se requerirá el perfil del cliente. Además, se elevó el umbral para reportar operaciones de alto monto en la compra de autos: será obligatorio solo si se supera el valor de $50 millones.
Para los bancos y entidades financieras, los depósitos en efectivo quedarán sujetos a seguimiento reforzado únicamente si alcanzan o superan los 40 SMVM, es decir, unos $35,2 millones. En esos casos, las instituciones deberán identificar tanto al depositante como a terceros que actúen en su nombre. Las operaciones por canales electrónicos quedan exceptuadas de este control.
La resolución también suspende hasta enero de 2026 la actualización semestral automática de los umbrales ligados al sector automotor, una medida que congela los límites de control frente a la inflación. Al mismo tiempo, se establece que el perfil transaccional bancario deberá confeccionarse únicamente con datos económicos verificables, sin necesidad de declaraciones juradas fiscales.
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