Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron la detención inmediata de Cristina Kirchner luego de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión contra la expresidente en el marco de la causa Vialidad.
Tras la decisión de la Corte Suprema de dejar firme la condena a seis años de prisión contra Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad
La presentación judicial también alcanza a otros ocho condenados en el mismo expediente, entre ellos el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios como José López, Nelson Periotti y Mauricio Collareda, entre otros. Todos fueron encontrados culpables de haber participado en un entramado de corrupción ligado a la adjudicación irregular de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
Luciani y Mola, quienes llevaron adelante la acusación durante el juicio oral que derivó en la sentencia de primera instancia, sostuvieron en su escrito que la pena impuesta a Cristina Kirchner resulta "insuficiente y desproporcionada frente al grave daño ocasionado". Recordaron que, durante los alegatos, habían solicitado una condena de 12 años de prisión para los principales responsables, al considerar que se trató de un caso emblemático de corrupción estructural.
“Estamos convencidos de que en el seno del Estado funcionó una auténtica asociación ilícita, que diseñó y ejecutó un plan sistemático para desviar fondos públicos en beneficio propio o de terceros”, afirmaron los Luciani y Mola. Según el texto, esa estructura operó mediante el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz a favor de Báez, a quien definieron como “amigo personal del entonces presidente Néstor Kirchner y socio comercial de él y su esposa en negocios privados de enorme opacidad”.
En ese sentido, insistieron en que la maniobra “sólo fue posible por la participación activa de los condenados, que parasitaron los organismos de control del Estado para sostener el esquema corrupto”.
La solicitud de detención inmediata, de acuerdo con los fiscales Luciani y Mola, tiene como objetivo “reafirmar la finalidad preventiva de la pena y enviar un mensaje claro a la sociedad respecto de la gravedad institucional del delito cometido”. También hicieron hincapié en la necesidad de recuperar el dinero defraudado.
Luciani, titular de la Fiscalía General N°1 ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal, y Mola, fiscal general adjunto de la Procuración, advirtieron que la inacción judicial frente a una condena firme debilita el estado de derecho y puede alimentar la percepción de que los funcionarios públicos condenados por corrupción están por encima de la ley.
“Los actos de corrupción, como los que aquí se probaron, golpean de lleno la estructura del Estado democrático, perjudican la economía nacional y deterioran la capacidad del Estado para atender las necesidades básicas de la población”, enfatizaron. En particular, señalaron que el desvío de fondos públicos afecta con mayor fuerza a los sectores más vulnerables, al generar recortes en áreas sensibles como salud, educación, jubilaciones y vivienda.
Finalmente, los fiscales Luciani y Mola subrayaron que en un país como la Argentina, donde la pobreza supera el 50% de la población, no hay dudas de que los fondos apropiados por los condenados “faltaban en lugares donde más se necesitaban”, lo que representa una violación directa a los derechos sociales y económicos de la ciudadanía.
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