El fiscal Sergio Mola solicitó archivar la investigación de la visita de Diputados oficialistas a genocidas en el Penal de Ezeiza y el pedido fue aceptado por el juez federal Luis Armella.
El juez federal Luis Armella decidió archivar la investigación que buscaba establecer el rol que tuvo el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de Bullrich, en la visita de los diputados oficialistas a Alfredo Astiz y otros genocidas al penal de Ezeiza. El Servicio Penitenciario a cago de Bullrich, cabe señalar, presentó la intención de trasladar a un grupo de represores, entre los que se encuentra Alfredo Astiz, a un "penal vip".
El fiscal que traccionó que se cierre le investigación, Mola, es el mismo fiscal que solicitó que se le revoque la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner, junto a su colega Diego Luciani. El argumento para desestimar la investigación del fiscal es el mismo que dio el Servicio Penitenciario, que dijo que los diputados en realidad no estaban haciendo una visita sino una recorrida de rutina para verificar las condiciones en las que estaban detenidos los represores condenados. Esto no se comprobó, ya que los diputados no presentaron el informe.
El 11 de julio de 2024 seis diputados de La Libertad Avanza (LLA), Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, visitaron el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza y se reunieron con los represores Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González. Una foto de hermandad en la que posaron diputados y genocidas de la ESMA circuló poco después, hecho que produjo reacción social.
A partir del conocimiento de esta situación, el juez Daniel Obligado, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, responsable de la ejecución de la pena de los represores denunció el hecho ante la justicia federal de Lomas de Zamora, que tiene competencia sobre la cárcel de Ezeiza.
Cómo se llevó a cabo la investigación de la visita hecha por Diputados oficialistas a genocidas
Para que la investigación sobre la visita de los diputados oficialistas a los genocidas avanzara fueron claves las declaraciones de la diputada Lourdes Arrieta, que debió abandonar el bloque de La Libertad Avanza tras el escándalo. En ese momento, Arrieta denunció que había ido engañada al penal de Ezeiza y brindó capturas de mensajes de un grupo de WhatsApp que se utilizaron a posteriori para enmarcar la investigación.
En las capturas que brindó Arrieta se ven mensajes en donde se prueba que la visita fue planeada y orquestada por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor condenado Jorge Olivera, diputados y abogados defensores de genocidas. El objetivo principal de la organización, según trascendió, fue trabajar para alivianar las penas de los genocidas condenados y que pudieran acceder a prisión domiciliaria.
La primera vez que el fiscal Mola trató de impedir que avance la investigación fue el 21 de agosto del año pasado, cuando solicitó desestimar la denuncia de Lourdes Arrieta y tras casi un año de investigación al accionar del Servicio Penitenciario, solicitó que se cierre el caso.
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