La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, concedió la prisión domiciliaria a Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense del Ministerio de Mujeres y Diversidad, que permanecía detenida desde el 25 de junio en el penal de Ezeiza, acusada de haber participado en un escrache con pasacalles y bosta frente a la casa del diputado nacional José Luis Espert.
La decisión incluyó además la imposición de una tobillera electrónica, hecho que generó indignación dentro de los simpatizantes del peronismo. La magistrada también intimó a la defensa para que indique el domicilio donde Alesia Abaigar cumplirá el arresto, lo que habilitará el traslado inmediato de Abaigar desde el Complejo Penitenciario Federal N°7 hacia su residencia.
Alesia Abaigar, directora de Sensibilización y Promoción en la cartera que conduce Estela Díaz, fue señalada como una de las cinco personas que participaron en la acción ocurrida la semana previa a su detención, cuando se arrojaron heces y se colgó un pasacalles con insultos frente al domicilio de Espert, en San Isidro. Las cámaras de seguridad del barrio captaron a varias personas esparciendo bosta en la entrada de la vivienda y desplegando la pancarta.
La causa, que generó fuerte conmoción política, suma otras cuatro detenciones: Eva Mieri, concejala del Frente de Todos en Quilmes; Candelaria Montes Cató, militante de La Cámpora oriunda de Escobar; Aldana Muzzi, trabajadora y psicóloga social de Villa Martelli; y Iván Díaz Bianchi, joven empleado administrativo. Todos ellos continúan detenidos en Ezeiza.
El caso de Alesia Abaigar escaló rápidamente a la agenda política. Referentes de Unión por la Patria y distintas organizaciones sociales realizaron un acto frente al Palacio de Tribunales en respaldo a Abaigar y el resto de los imputados.
Allí, el abogado defensor de la funcionaria, Daniel Llermanos, apuntó contra Arroyo Salgado y sostuvo que su accionar responde a una "doctrina" impulsada desde el Gobierno nacional. "Se está cumpliendo la profecía de Espert: cárcel o bala. Bala con Pablo Grillo, cárcel con Alesia", denunció el letrado, en referencia al episodio policial que ocurrió en una marcha de jubilados frente al Congreso meses atrás.
Los diputados Mariano Recalde y Vensa Siley denunciaron a la jueza Arroyo Salgado ante el Consejo de la Magistratura por "mal desempeño en sus funciones". Ambos cuestionaron las detenciones y allanamientos dispuestos por la magistrada, incluso en dependencias públicas, y sostuvieron que el hecho por el cual se acusa a los detenidos, "como máximo, podría configurar una contravención municipal".
En la misma línea, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, también repudió la actuación judicial y afirmó que se trata de una maniobra de persecución contra la militancia política, orquestada, según su visión, desde la Casa Rosada.
Mientras tanto, la causa judicial continúa en curso, con los focos puestos en determinar si efectivamente existió un delito federal o si, como plantea buena parte del arco opositor al Gobierno, se está frente a un uso político del sistema judicial.
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