El Presidente Javier Milei, que asumió el 10 diciembre de 2023 después de ganar holgadamente el ballotage a Sergio Massa, repitió en reiteradas ocasiones durante la campaña que las retenciones al campo eran "un robo" y que las eliminaría durante su eventual mandato.
Por supuesto que ese discurso caló profundo en el sector agropecuario, que lo votó masivamente, no solo porque veía en el libertario un amigo de sus ideas, sino también porque enfrente había un candidato "kirchnerista" en los papeles, aunque era y es sabido que Massa está lejos de serlo.
Pero más allá de eso, existían amplios sectores del agro que veían con muy buenos ojos a Milei y sus primeras medidas fueron del agrado de los productores: eliminación de las restricciones a las exportaciones y de comercialización, desburocratización y desregulación de actividades, eliminación de la brecha cambiaria y del cepo, y demás cuestiones que hacían al día a día del campo y la agroindustria.
Pero siempre quedaba pendiente una política de eliminación progresiva de las retenciones a los granos, cuestión que muchas veces obnubila al campo. No obstante, vale decir que se han tomado medidas en este sentido, ya que se terminó de eliminar derechos de exportación a las economías regionales y a la lechería, como así también se redujeron a ciertas categorías de la ganadería y de otras exportaciones pecuarias.
Sin embargo, durante 2024 la producción de granos no fue objeto de esta política, sino que fue a principios de este año donde, por primera vez, se tomó una decisión de este tipo, con la rebaja temporal de retenciones a los principales cultivos del orden del 20%.
¿Por qué tomó esta medida el Gobierno? En un principio, parecía que había escuchado a las entidades del campo, que alertaban al Ejecutivo de una nueva sequía en ciernes que se daría en un contexto de bajísimos precios internacionales y costos al alza. Un combo que dejaba a los productores con rentabilidad nula o negativa.
Ante esta situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció el alivió que esperaba el sector: una baja de retenciones desde febrero a junio, que llevó a que la soja pase de tributar el 26% en vez del 33% y el maíz y el trigo 9,5% en vez del 12%.
Esta decisión fue un win-win para el Gobierno, porque si bien resignó ingresos fiscales, logró apaciguar los ánimos de los productores y se llenó de dólares, ya que los productores comercializaron su cosecha y los exportadores adelantaron ventas a sabiendas de que este esquema tenía vencimiento, concretando negocios por US$ 21.000 millones en el primer semestre. Cualquier similitud con el "Dólar soja" de Massa es pura coincidencia.
Pero como se encargó de aclarar todo este tiempo el Gobierno, la medida llegaba hasta el 30 de junio y partir de esa fecha el sector pasaría a pagar retenciones con los niveles de enero, a excepción del trigo y la cebada, ya que la medida para estos dos cultivos se extendió hasta marzo de 2026.
Lo cierto es que esta decisión no fue bien tomada por el sector, que veía como de nuevo se les escapaba entre los dedos la oportunidad de obtener un alivio a la carga fiscal que soportan, y que en encima fue ratificada por un "aliado" o, por lo menos, así se considera el Gobierno para con los productores: un "aliado".
¿Y en 2026?
La principal política económica de este Gobierno es la del equilibrio fiscal, concepto que no puede ponerse en riesgo de ninguna manera y así como para alcanzar esta meta es capaz que recortarle recursos a las provincias, no hacer o reparar una sola ruta o desfinanciar universidades o al hospital Garrahan, también lo es para mantener las retenciones tal y cual están hoy día.
Una pista de esto puede encontrarse en el adelanto que hace el Ejecutivo del Presupuesto Nacional para el próximo año que debe presentarse en septiembre de manera definitiva para que sea tratado por el Congreso Nacional.
En la página 38 del escrito adelantado al Poder Legislativo indica lo siguiente: “Los recursos totales provenientes de los Derechos de Exportación aumentarían un 66,7% en 2026 respecto de las proyecciones para el presente ejercicio. Estos recursos pasarán de representar 1,07% del PIB en 2025 a 1,50% del PIB en 2026”.
Y completa: "Se considera que no se prorroga la rebaja de alícuotas del decreto N° 38 del 25 de enero de 2025. El escenario macroeconómico contempla un crecimiento del 10,3% de las exportaciones totales en términos reales".
A partir de este adelanto realizado por el Gobierno, que tranquilamente puede ser modificado, se abre un abanico de especulaciones para poder entender cómo se llegaría a tamaño aumento en la recaudación vía derechos de exportación si se avanza, al mismo tiempo, en una baja de retenciones, como prometió el Presidente.
Nos vamos a plantear una serie de escenarios ideales en este sentido. Una de las posibilidades es que, a pesar de que se bajen retenciones, se viene una supercosecha que coincidirá con precios internacionales altos, algo que ningún analista ve.
La otra es que se avance a una baja de retenciones para el campo y en la suba para otros complejos exportadores, como el minero o petrolero. Tampoco, nadie la ve.
Una última es una devaluación, que permitiría el ingreso de más pesos por cada dólar exportado. Ese escenario sí es compatible con una baja de retenciones, más allá de que el Gobierno jura y perjura no creer en las devaluaciones.
Lo cierto es que si lo hacemos simple, la lógica nos indica que se mantendrán las retenciones tal y cual están, al menos que el Gobierno tenga un as en la manga que, a simple vista, nadie ve.
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