ATE resolvió, en conjunto con los dirigentes de todas las provincias, realizar la primera jornada de movilización para protestar contra las políticas del Gobierno de Javier Milei el próximo viernes 22 de diciembre. Los motivos son el riesgo del derecho a la protesta, después del anuncio del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y la falta de confirmación sobre el pago del aguinaldo.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta y precisó, "los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos", en palabras de Rodolfo Aguiar, su Secretario General.
Aguilar agregó: "Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos". Además, explicitaron que el derecho a huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos y por los artículos 14, 14 bis e inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Sobre la duda respecto del pago del aguinaldo, el dirigente indicó: "No está garantizado el pago de los aguinaldos en la mayoría de las provincias y municipios. Hay gobernadores que ya anunciaron el pago de salarios en cuotas. Se suspendieron paritarias. Se congelan las plantas de personal. La situación no da para más y hemos resuelto una medida de fuerza nacional. Cada distrito definirá la modalidad de protesta y lo anunciaremos próximamente".
Y agregó: "La remarcación generalizada e indiscriminada de todos los precios de la economía en la previa de la asunción del nuevo Gobierno, y luego la devaluación de más del 118% han terminado de aniquilar los ingresos de los trabajadores del sector público y también de los jubilados. Nadie puede acusarnos de no haber agotado todas las instancias".
El consejo directivo de ATE también decidió declarar el Estado de asamblea permanente en todo el país y exigió la inmediata reapertura de las paritarias en la Administración Pública Nacional, provincial y municipal.
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