En una reunión de consejo superior, la Universidad de Buenos Aires (UBA) se declaró en emergencia presupuestaria. De esta manera, ayer acordó que participará de la marcha federal universitaria que tendrá lugar el próximo martes 23 de abril.
“En las condiciones actuales se encuentra seriamente afectada la posibilidad de mantener toda actividad tendiente a garantizar la calidad educativa, la continuidad de la investigación, de la extensión y la función asistencial”, remarca la resolución del Consejo Superior de la UBA.
No solo esto, sino que el comunicado agrega que la educación pública universitaria constituye un orgullo de la sociedad argentina que se basa en los pilares de laicidad, gratuidad, autonomía, inclusión social, enseñanza con la máxima calidad académica, desarrollo de la investigación y compromiso con el entorno social, “requiriendo un financiamiento adecuado para el desarrollo de sus actividades”.
La resolución se llevó adelante debido a que la UBA está en una situación crítica, ya que el Gobierno de Javier Milei le otorgó el mismo presupuesto del 2023 para el 2024, con una inflación interanual del 276%. De acuerdo a lo que informaron, los fondos para gastos de funcionamiento implican un recorte en términos reales del 80%.
En este contexto, desde la UBA aseguraron que esa determinación pone en riesgo de desfinanciamiento a la prestigiosa institución, comprometiendo sus funciones esenciales como la educación universitaria y preuniversitaria, “la investigación científica y la atención médica a más de medio millón de pacientes anuales en sus centros hospitalarios”.
Por estos motivos, si bien todavía no se confirmó la hora ni el lugar en el que se concentrará, el Consejo Superior decidió adherir y convocar a la Marcha Federal Universitaria, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, que se desarrollará el próximo martes 23 de abril.
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