La directiva de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) se amparó en un fallo de la justicia para hacer caso omiso a la inhabilitación de la Inspección General de Justicia (IGJ) y convocar a una asamblea ordinaria en el predio de Ezeiza, en la que se renovará el mandato de Claudio "Chiqui" Tapia.
Previo a la resolución de la IGJ que declaró la "irregularidad e ineficacia total a los efectos administrativos de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de la AFA para el 17 de octubre", la AFA blindó su reunión con un planteo realizado por el tesorero Pablo Toviggino ante la Justicia Civil que falló en favor de la asamblea. Según argumentó el juez Ricardo Pettis, “no se advierte –de momento– la existencia de impedimento formal alguno para la realización de la asamblea”.
La Justicia le dio a la AFA una declaración de certeza, por lo que quedó habilitada a apelar la decisión de la IGJ. Una vez concretada dicha apelación, la otra parte tendrá cinco días corridos para dar a conocer su punto. Mientras, el cónclave se llevará a cabo. Y luego el Tribunal designado deberá expedirse sobre la validez de la Asamblea.
Frente a esta situación desde el Gobierno advirtieron que podrían intervenir con más fuerza a través del Ministerio de Justicia. Así lo señaló esta mañana Daniel Vítolo, titular del IGJ: "Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado”, expresó.
Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto
El funcionario explicó que en septiembre, el dirigente de Talleres, Andrés Fassi, se presentó a la IGJ para cuestionar la convocatoria realizada para renovar el mandato del actual presidente.
“Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: los integrantes del Consejo Directivo y los Asambleístas pueden incurrir en el delito de desobediencia, prescripto en el artículo 239 del Código Penal; y la ley prevé que ante el incumplimiento grave, el Ministerio de Justicia puede interponer la intervención”, desarrolló el funcionario en diálogo con Marcelo Longobardi en radio Rivadavia.
Vítolo aclaró que se trata de "escenarios legales" y que la cartera a cargo de Mariano Cúneo Libarona podría disponer la intervención de la entidad, que es una facultad del ministro.
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