Las retenciones son siempre un tema espinoso en el campo y se han convertido ya en un reclamo histórico del sector. SI bien los oficialmente conocidos como Derechos de Exportación (DEX) en muchos momentos pesaron sobre gran parte del sector exportador argentino, siempre tuvo mucha más impacto en el agro, sobre todo porque siempre tuvo las alícuotas más grandes y por lo que significa en el aporte de dólares a la economía nacional.
Lo primero que hay que decir que las retenciones existen solo en un puñado de países, Argentina incluída, y el campo, casi siempre, estuvo gravado con ellos. No obstante, hubo una excepción: con el Plan de Convertibilidad en abril de 1991, se eliminaron los DEX al maíz, el trigo y los subproductos de soja, con excepción del poroto, sobre el cual se estableció una alícuota del 6% y, posteriormente, se reduciría a su mínimo histórico en noviembre de 1992 llegando al 3,5%.
Sin embargo, tras la finalización de la convertibilidad, desde marzo de 2002 el Gobierno nacional reintrodujo los DEX nuevamente en su política tributaria, hasta la actualidad.
Al comienzo del Gobierno de Mauricio Macri, allí por diciembre de 2015, volvieron a eliminarse, con la excepción del complejo sojero, el cual experimentó una baja de cinco puntos porcentuales en la alícuota, alcanzando el 30% para el poroto y del 27% para sus subproductos.
Pero (siempre hay un pero), en septiembre de 2018 se restablecen los DEX para el maíz y el trigo, posicionándose en 10,4%, mientras que, en el Gobierno de Alberto Fernández se incrementaron las alícuotas para el complejo sojero, el maíz y el trigo, las cuales se mantienen a la fecha.
Hoy la mayor alícuota se aplica al complejo sojero, con un 33% para el poroto y el 31% para sus subproductos, teniendo en cuenta que la harina de soja es el principal producto exportado de Argentina.
En la escala le siguen algunos cereales como el trigo, sorgo, maíz y cebada a los cuales se les aplica el 12% en concepto de DEX. En el rango del 5% al 7% se encuentran los abonos minerales, harina de maíz, carne bovina y caballar, maquinaria y harina de trigo.
¿Cuánto se recaudó por retenciones?
Según un estudio de la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba), en los últimos 21 años, el agro aportó más de US$ 150.000 millones en concepto de derechos de exportación, tomando el cálculo a precios de septiembre de 2024 y considerando únicamente los principales productos exportables del complejo sojero, maíz y trigo.
"La recaudación proveniente de este tributo alcanzó los valores más elevados durante los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner en un contexto de elevados precios de los granos", alcanzando los US$ 75.380 millones, indicó la entidad bursátil.
En este ranking, la Bccba ubicó al gobierno de Alberto Fernández en segundo lugar, promediando US$ 29.900 millones. Le sigue la administración de Mauricio Macri, que, en promedio fueron US$ 22.257 millones y en cuarto lugar Néstor Kirchner con US$ 18.790 millones, mientras que, en lo que va del 2024, la gestión de Javier Milei lleva recaudando US$ 5.680 millones.
El impacto de las retenciones
Según planteó la Bolsa cordobesa, las retenciones "disminuyen el precio recibido por el productor que, expresado en quintales por hectárea (qq/ha), representan una transferencia de ingresos hacia el Estado Nacional por el equivalente a 14 qq/ha en el caso de la soja (1400 kg/ha), 10 qq/ha en el maíz (1000 kg/ha) y 4 qq/ha para el trigo (400 kg/ha), considerando las alícuotas vigentes".
De esta manera, los ingresos que genera una hectárea de soja (precio de exportación por rendimiento promedio), el 33% se lo lleva el Estado Nacional, el 27,4% los costos directos de producción, el 27,1% el arrendamiento y el 13,7% los gastos comerciales (transporte y acondicionamiento).
Por lo tanto, "con los precios a cosecha vigentes, el resultado para la producción de soja en campo arrendando sería negativo considerando un rendimiento promedio", indicó la entidad.
Pero, saliendo un poco de la coyuntura y ampliando el panorama respecto a los efectos más a largo plazo y continuos, los DEX "son un tributo sumamente distorsivo que generan distintos efectos negativos a nivel microeconómico (productor) y macroeconómico, como una menor producción; la disminución del precio recibido por el producción; la distorción de los precios relativos; la merma en la capitalización de los agricultores, ; desvalorización de la tierra; incertidumbre respecto a psobiles cambios; y desalientan inversiones productivas, como la utilización de menos tecnología".
"En prácticamente todo el mundo el sector agropecuario recibe subsidios, mientras que, Argentina es uno de los pocos países que aplica derechos de exportación. Más allá del signo político del Gobierno Nacional, en la historia reciente se han utilizado, en mayor o menor medida, con fines recaudatorios", apuntó la Bccba.
En este sentido, marcó que "el orden macroeconómico es fundamental para poder disminuir y, consecuentemente, eliminar los derechos de exportación, lo cual redundaría en beneficios para toda la cadena agroindustrial a través de una mayor inversión en tecnología (semillas, profesionalización, fertilizantes, maquinaria agrícola, agricultura de precisión) que aumente la producción agrícola y, con ellos, los volúmenes exportados, generando mayores ingresos de divisas para el país y empleos a nivel regional".
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