El empresario gastronómico, Marcelo Ocampo, fue detenido en las últimas horas en el barrio de Fontana, en la ciudad de Formosa, en frente de su domicilio, a raíz de los incidentes ocurridos ayer frente a la Casa de Gobierno local. “Esto es una persecución por la protesta de ayer donde nos acercamos a presentar una nota para pedir trabajar”, apuntó Ocampo. El sector reclama la “urgente” liberación y cargó contra la política de Insfran.
“El comisario me dijo que tengo una orden de detención por la protesta de ayer frente a la Casa de Gobierno”.
Esta mañana se montó un operativo de 30 policías y tres patrulleros frente al domicilio del empresario gastronómico. “El comisario me dijo que tengo una orden de detención por la protesta de ayer frente a la Casa de Gobierno”, expresó Ocampo a medios locales.
Además de Ocampo, el resto de los empresarios gastronómicos que participaron este lunes de la manifestación, fueron imputados y estarían siendo perseguidos por la policía provincial, casa por casa y en sus locales, por lo que no se descarta que las detenciones se multipliquen.
Frente a este panorama, la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), calificó la situación como un “ataque” al sector y reclamó la “urgente liberación” de Ocampo.
“Repudiamos este ataque sobre los empresarios gastronómicos de Formosa y pedimos la urgente liberación de Marcelo Ocampo. Es inadmisible que en un estado de derecho sucedan estas cosas que atentan contra la libertad a trabajar que necesitamos en Formosa como en todas las provincias de nuestro país. El contexto de pandemia necesita del trabajo y colaboración de todos los actores involucrados, donde debe primar la cordura y el dialogo entre las partes”, expresó Daniel Prieto, Presidente de la AHRCC.
Como se sabe, el Comité de COVID-19 de Formosa se reunió este lunes en la Casa de Gobierno, para analizar las estadísticas epidemiológicas y definir las restricciones para la provincia. En la puerta del edificio se autoconvocó un grupo de comerciantes que por las medidas adoptadas por el gobierno de Insfrán no pueden abrir sus locales. Muchos de ellos están sin trabajar desde marzo del año pasado.
