La Comisión de Refugiados (CORE) uruguaya llegó a la conclusión de que el pedido de asilo político de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón tiene que ser rechazado. El exdirector de YPF había requerido ese status en el país limítrofe porque considera que el gobierno de Alberto Fernández lo persigue políticamente. Para Rodríguez Simón, este es el verdadero carácter de las acusaciones contra él por extorsión y amenazas a los accionistas del Grupo Indalo. Esta causa está a cargo del juzgado de María Servini, quien ordenó su captura internacional y lo declaró en rebeldía.
La extradición de Rodríguez Simón quedó a cargo de la jueza uruguaya Adriana Chamsarian. Si bien el dictamen de CORE no determina la decisión de la jueza, tiene un importante peso sobre esta. El presidente de la Comisión es el canciller Francisco Bustillo, quien fue embajador en la Argentina entre el 2005 y el 2010. Ahora, Chamsarian debe analizar el informe de CORE y decidir si la ratifica. Luego, deberá tomar una decisión con respecto a la orden de detención firmada por Servini, y resolver si extradita al acusado.
Sin embargo, la defensa de Rodríguez Simón puede pedir una revisión del dictamen de CORE, y retrasar la decisión de la jueza uruguaya. En su momento, cuando el exdirector de YPF pidió asilo político, el presidente Luis Lacalle Pou declaró que su gobierno no iba a interceder con su extradición. Es improbable que la jueza tome una decisión distinta a lo que recomienda la CORE. Si vuelve a la Argentina, Rodríguez Simón deberá prestar declaración indagatorio por las presiones a Fabián De Sousa y Cristóbal López.
