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Mundo

Bolivia: el presidente anuló una ley que desató protestas

Después de seis días de paro cívico en algunas regiones del país y semanas de presión por parte de diferentes sectores, el presidente Luis Arce anunció este sábado la derogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, que permitía la incautación de bienes y propiedades por parte del Estado.

“Escuchando las demandas del pueblo boliviano hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386, para allanar el camino para que no haya el menor pretexto para seguir enlutando al país y perjudicando a la economía”, manifestó Arce. La decisión de Arce deja sin efecto jurídico el cuerpo legislativo completo (a diferencia de la derogación que se refiere a parcialidades de una norma).


“Todo lo que ha pasado está generando miedo, zozobra, incertidumbre, innecesariamente en el país, producto de que hay sectores que tienen otros intereses. (...) Lo que queremos ahora es que podamos tener la tranquilidad de que se reanuden las labores y continuemos construyendo esta economía que necesita del conjunto de todas y todos los bolivianos”, agregó.

En una conferencia de prensa esta noche desde la sede de Gobierno, el presidente dio a conocer la decisión porque “el país no quiere más zozobra”. El mensaje se produjo en presencia de representantes de los sectores gremiales, campesinos, de transporte y de la Central Obrera Boliviana (COB).

La ley de la polémica

La polémica ley era el centro de las marchas, bloqueos y demás acciones que se han registrado en todo el país de manera parcial y con varios incidentes entre manifestantes, la Policía y sectores oficialistas durante los últimos seis días.

Fue calificada como “maldita” por gremialistas y comerciantes, que alertaron de los riesgos dado que apunta a controlar los bienes de las personas bajo el argumento de que no deben tener orígenes dudosos.

Según detalla Pagina Siete, debido a que esta norma ya fue aprobada el pasado agosto, el procedimiento de abrogación debe pasar nuevamente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

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