Organizaciones políticas y sociales reclamaron la inmediata liberación de Sebastián Copello, un dirigente del Polo Obrero detenido en una manifestación contra el gobierno jujeño, y calificaron su detención como "ilegal y arbitraria".
Los defensores reclaman que Copello fue "víctima de un proceso judicial irregular y por lo tanto violatorio de los derechos humanos". Además, repasaron las circunstancias que rodearon su detención: "lo arrestaron por su única condición de ser un dirigente social del Polo Obrero, opositor a la gestión del gobernador Morales. La primera irregularidad surge que en la orden de allanamiento y detención no figuraba el nombre correcto del detenido, ni su DNI. Pese a ello la policía concretó la detención de manera ilegal, lo que vicia y nulifica todo el proceso"
Sebastián está alojado desde la semana pasada en la cárcel de Alto Comedero junto a otro dirigente social, Juan Chorolque del MTR 12 de abril, con quien comparte una habitación en el área hospitalaria del penal.
Desde el Partido Obrero, denunciaron que "el proceso judicial abierto contra Sebastián Copello y Juan Chorolque es manifiestamente la hoja de ruta de la persecución y judicialización de la protesta social, con la intención de amedrentar la movilización popular contra el hambre, la desocupación y la pobreza".
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La detención
Copello enfrenta una prisión preventiva por haber participado de dos movilizaciones, que tuvieron lugar el 3 y 30 de marzo.
Para justificar la detención de ambos dirigentes el juez tomó por válidos los argumentos de la Fiscalía en cuanto a que la libertad de ambos activistas podría “coaccionar” a los miembros de las organizaciones a las que pertenecen que, eventualmente, podrían ser citados a declarar.
Jueces y fiscales tienen la orientación política de criminalizar a los luchadores populares. En la provincia existe un régimen de terror sin garantías civiles ni democráticas básicas.
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Desde el Partido Obrero, destacaron que "estas detenciones forman parte de una campaña del gobernador Gerardo Morales, que tiene bajo su control no sólo a la policía sino también la Justicia provincial. En Jujuy Jueces y fiscales tienen la orientación política de criminalizar a los luchadores populares. En la provincia existe un régimen de terror sin garantías civiles ni democráticas básicas".
