La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, fue condenada ayer a diez años de cárcel por los acontecimientos que derivaron en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. El fallo la sentenció por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Antes de escuchar la decisión de la Justicia, Áñez dijo que fue sometida a un "simulacro de juicio" y remarcó que actuaría "de la misma manera" si se repitieran las circunstancias por las que asumió la presidencia. A su vez, denunció que al Tribunal Primero de Sentencia de La Paz "el poder político le exigía un juicio exprés para tener una sentencia exprés".
Para la defensa de la exmandataria, no debió juzgársela por la vía ordinaria, sino que debería haber habido un juicio de responsabilidades en el Congreso. Sin embargo, los denunciantes -y la justicia- argumentaron que se juzgaron acciones previas a la gestión.
Por otro lado, Jeanine Áñez recibió el apoyo de cerca de 20 expresidentes de América Latina y España, quienes calificaron de "arbitrario, abusivo, ilegal e inconstitucional" el juicio y llamaron a la ONU, la OEA y la UE a repudiarlo. El documento llevaba la firma del costarricense Óscar Arias, el español José María Aznar, los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón y los expresidentes bolivianos, Carlos Mesa y Jorge "Tuto" Quiroga, entre otros.
Por su parte, el actual gobierno de Bolivia aseguró que la condena "es un precedente histórico para que no se vuelva a repetir un golpe de Estado". "Podemos decir que hasta ahora se ha cumplido con el deber", afirmaron desde la la Procuraduría General del Estado boliviano.
En este caso, denominado "Golpe de Estado II", fueron procesados Jeanine Áñez y exjefes policiales y militares por decisiones contrarias a la Constitución. Además, se investigó a la exsenadora por las acciones que tomó cuando era segunda vicepresidenta de la Cámara alta para asumir la Presidencia del Estado de forma irregular en noviembre de 2019.
La expresidenta de facto de Bolivia tiene pendientes un juicio por sus actos como jefa de Estado, denominado como "caso Golpe de Estado I" y otro por las muertes ocurridas durante las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".
