El Gobierno de la Ciudad denunció penalmente a 366 adultos, padres o responsables de los estudiantes que tomaron escuelas en la Capital Federal. También realizaron 21 presentaciones por daños y perjuicios por los días de clase perdidos, por 50.538.442,85 pesos.
Según informaron desde el gobierno porteño, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta decidió, cuando empezaron las tomas, denunciar penalmente a los adultos responsables de los alumnos que tomaron la medida de fuerza. La Procuración General de la Ciudad ya hizo 25 presentaciones sobre el tema.
El Ministerio de Educación le envió a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires un informe técnico analizando el costo del pago de los salarios de los empleados de las escuelas que fueron ocupadas por sus estudiantes, con el objetivo de transferirles ese costo a los padres.
Para Soledad Acuña, la ministra de Educación, afirmó que los adultos tienen "la obligación de enseñarles a los chicos a dialogar y participar", pero con la comprensión de que "hay otros derechos que deben respetarse" y que esas diferencias "deben poder convivir en una misma sociedad".
Según la ministra, las tomas de colegios fueron "incomprensibles", ya que las escuelas "que más se quejan no tienen demandas propias", y afirmó que "no tenían ninguna información de que la hubiera un malestar que justificara una medida de fuerza tan grande". En declaraciones al canal trece, afirmó que las tomas no son "legítimas ni legales", ya que "les quitan la oportunidad de aprender a miles de estudiantes".
Además, defendió las prácticas laborales implementadas por el gobierno porteño, y planteó que las críticas estudiantiles a este proyecto "no se pueden sostener". La ministra acusó al "kirchnerismo" de haber impulsado las tomas, y a los docentes del gremio CTERA de darle un "manual" para tomar escuelas a los estudiantes.
