Irán dictó la primera sentencia a muerte por las protestas de los últimos meses, que representaron un serio desafío al regimen clerical, que ya lleva más de 40 años de gobierno. Grupos de derechos humanos advierten que se puede producir una ola de ejecuciones, ya que los líderes iraníes están intentando cortar los ya casi dos meses de turbulencias políticas en todo el país.
La ejecución fue ordenada contra una persona anónima por, supuestamente, incendiar un edificio estatal. A principios de noviembre, 272 de los 290 legisladores iraníes votaron a favor de implementar la pena de muerte para los "crímenes contra el estado", y clamaron por una represión más fuerte contra las manifestaciones.
En los 57 días de movilizaciones, ya murieron más de 326 personas. La gente empezó a salir a la calle a partir de la muerte de una mujer que había sido detenida por usar su velo de forma "inapropiada" por la Policía de la Moral. Ahora, miles más fueron detenidos por osar movilizarse contra el gobierno de los fanáticos religiosos.
Mientras tanto, los funcionarios iraníes relacionados a la violenta represión de las protestas recibieron fuertes sanciones por parte de la Unión Europea, y los manifestantes recibieron el apoyo, por ejemplo, de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien caracterizó a las movilizaciones de "una revolución".
