En 2013 una red de trata que opera en la zona Norte del Gran Buenos Aires explotó sexualmente, obligó a vender drogas y asesinó a Micaela Fernández, una joven de la comunidad qom que tenía solamente 14 años. Aunque la encontraron asesinada en la cama del hombre a quien la familia apunta como su proxeneta, la Justicia aseguró en principio que se había tratado de un suicidio.
Desesperada por la desaparición y el posterior asesinato de su hija, Nancy Fernández, madre de Micaela, se dedicó a buscar respuestas y a reclamar justicia ante la fiscalía local, pero la respuesta de las autoridades fue mucho más allá del desinterés y el silencio: conforme denuncia su familia, los oficiales de policía que recibieron a Nancy Fernández en la comisaría de El Talar a la que se había acercado la golpearon, la torturaron y la insultaron valiéndose del racismo: “te callás la boca, india de mierda”, contó ella que le dijeron.
Al caso de Mica lo caratularon como suicidio, a pesar de que fue encontrada sin vida en la cama del proxeneta, con signos de violencia física y un tiro en la cabeza.
Los intentos de los cómplices del femicidio de Micaela por silenciar a su madre fueron hasta las últimas consecuencias y terminaron de probar la impunidad y la complicidad política de la que gozan los proxenetas y tratantes. “En el año 2014 Nancy apareció muerta en su casa, semidesnuda, boca abajo, y nos dijeron que tuvo una muerte natural en ese momento, nos mintieron, porque la causa estaba caratulada como homicidio”, relatan sus allegados.
Al día de hoy, casi diez años más tarde, la abogada de la familia Fernández y las organizaciones feministas que acompañan el caso siguen esforzándose por empujar la causa, demandando que se la recaratule como “femicidio”, que se les permita el acceso a los datos de las autopsias de Micaela y de Nancy y que se investigue a los responsables.
El proxeneta fue identificado y señalado tanto por Nancy Fernández en su momento como por las organizaciones de la comunidad. “Al caso de Mica lo caratularon como suicidio, a pesar de que fue encontrada sin vida en la cama del proxeneta, con signos de violencia física y un tiro en la cabeza”, detallan y añaden que el acusado “tiene un hermano policía” y no está siendo investigado. Además, desde la cuenta oficial de la familia de Micaela y Nancy denuncian que la justicia les niega el acceso a información vital del expediente, tal como los resultados de las autopsias, argumentando que “el perito se murió” y no saben dónde quedó la documentación.
El caso de Mica y Nancy no es el único en la zona. Con el suyo se vinculan casos como el de Tamara López, que apareció brutalmente asesinada en General Pacheco y por cuyo femicidio la comunidad apunta contra el mismo hombre que explotó a Micaela. Por su parte, los familiares de Luna Ortiz, otra joven prostituida y posteriormente asesinada por las redes de trata de la zona, siguen denunciando la impunidad del tratante y asesino de su hija, que recientemente salió en libertad. Y todavía no aparece Valeria López, una joven desaparecida en el municipio de San Fernando desde enero de 2020.
“Después de tanto tiempo, la causa se sigue investigando como averiguación de paradero, pero para nosotros es una desaparición forzada. Siempre dijimos que ella fue entregada por un conocido a una red de trata”, denunció la madre de Valeria en diálogo con Tiempo Argentino hace ya un año.
Las familias de Micaela y Nancy, Luna, Tamara, Valeria y otras mujeres cuyas desapariciones y femicidios son moneda corriente en la zona ruegan la difusión de sus casos para romper el silencio impuesto por el poder de los culpables y sus vínculos con funcionarios y policías.
