Roberto García Moritán, legislador porteño, y el abogado Yamil Santoro, ambos pertenecientes a Republicanos Unidos, presentaron una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por incumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a entregar a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de los fondos coparticipables. Elisa Carrió, junto a los diputados nacionales de la Coalición Cívica, también presentó su propia denuncia penal.
Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal.
Roberto García Moritán y Yamil Santoro
La denuncia de los dirigentes de Republicanos Unidos argumenta que es "improcedente" el recurso que presentó el gobierno nacional para lograr la revocación del fallo que dictó el máximo tribunal. Afirmaron que este es "una maniobra con la que se pretende cuestionar el criterio jurídico de la Corte, y no subsanar un error material, por lo que resulta a todas luces improcedente, y una mera excusa para intentar justificar torpemente la decisión de incumplir la sentencia".
Añadieron: "Estamos ante planteos manifiestamente improcedentes con los que se pretende brindar una apariencia de legitimidad a una clara decisión de incumplir la sentencia dictada por nuestro máximo tribunal". Para Moritán y Santoro, Fernández busca "eludir el cumplimiento de una sentencia que ya es cosa juzgada, atacándola por supuestos defectos que, aún en caso de existir, no justifican los remedios judiciales elegidos".
La Coalición Cívica y Elisa Carrió, por su parte, afirmaron que el gobierno no puede desconocer y desobedecer el cumplimiento de un fallo contra sus intereses, debido a que ya aceptaron la competencia y la integración de la Corte para intervenir en la controversia entre la Ciudad y la Nación.
Resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones.
Elisa Carrió, junto a los diputados de la Coalición Cívica
Ellos sumaron, en su denuncia contra el presidente, al ministro de Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, al jefe de Gabinete, Juan Manzur, al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Los denunciaron por alzamiento, desobediencia judicial, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Argumentaron: "El Estado Nacional consintió la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para dormir el conflicto y se sometió al trámite de dicho trámite judicial, en el cual ejerció su derecho de defensa, en prueba cabal de observancia del debido proceso". Por lo tanto, concluyeron, "resulta inexplicable que el Estado Nacional desconozca, desobedezca, impida, rehúse, omita o retarde el cumplimiento de un fallo, por el solo hecho de resultar adverso a sus pretensiones".
