Los diputados de Frente de Todos empezaron a organizar la estrategia que utilizarán en la Comisión de Juicio Político para obtener un dictamen positivo, que obliga al Congreso de la Nación a juzgar por mal desempeño a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, no será el proyecto que el presidente Alberto Fernández le llevó al jefe del bloque justicialista, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión, Carolina Gaillard el que se discuta. En cambio, será uno idéntico, pero presentado por diputados, para acelerar los plazos del proceso legislativo.
Sin embargo, la principal decisión tomada hasta el momento por los diputados peronistas es pedirle al presidente que habilite el juicio político, a través de un decreto, en sesiones extraordinarias. Este decreto, explicó el diputado Rodolfo Tailhade, tiene que habilitar el juicio político a la Corte en términos generales, y no específicamente el suyo. De esa manera, buscan tratar todos los pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, incluyendo los que presentaron miembros de la oposición. Así, entrarían en la volteada el que presentó la Coalición Cívica, de Lilita Carrió, contra Ricardo Lorenzetti, el de Vanesa Siley contra Carlos Rosenkrantz, o el de la asociación de juristas contra el mismo.
Desde Juntos por el Cambio, mientras tanto, sacaron un comunicado afirmando que los pedidos de juicio político son de "seria gravedad institucional", y que es "inadmisible el intento de juicio político a la Corte Suprema". Avisaron, con ese comunicado, que no van a acompañar ni los juicios presentados por diputados opositores.
Además, desde el oficialismo alertaron que el proyecto tendrá cargos distintos para cada magistrado. Contra Horacio Rosati, por ejemplo, el proyecto incorporará un cargo por la relación de Silvio Robles, su vocero, con Marcelo D'Alessandro y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el caso del Consejo de la Magistratura, mientras tanto, hay un cargo especifico contra todos los jueces excepto Lorenzetti, quien no firmó el fallo.
Si bien los acusados no tienen obligación legal de presentarse en la Comisión, los testigos deben asistir a responder preguntas. Por eso, informó Infobae, desde el oficialismo van a pedir que vayan al Congreso D'Alessando y Robles, entre otros.
