El Gobierno nacional avanza en Diputados con el juicio político contra los jueces de la Corte Suprema. El Frente de Todos (FdT) buscará hoy en la comisión de Juicio Político de la Cámara baja aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti y abrir el sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación.
La comisión se reunirá desde las 11 en la sala 1 del edificio Anexo del Congreso de la Nación para avanzar con el juicio político. Con su mayoría en esa comisión (16 sobre 31 integrantes), el FdT tiene asegurado el aval a la admisibilidad del enjuiciamiento y la apertura del sumario para recabar las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces de la Corte Suprema.
En este sentido, la admisibilidad del juicio se definiría mediante dos resoluciones administrativas internas. Uno de mayoría con las 16 firmas del oficialismo se expresará a favor de este proceso y otra de los integrantes de Juntos por el Cambio y la oposición lo rechazará. Cabe resaltar que los diputados de la Coalición Cívica dejarán plasmado que sí avalan la admisibilidad para el caso de Lorenzetti, por las causas expuestas en los dos expedientes presentados en 2016 por su partido, aclarando que no lo hacen por lo mismos argumentos del FdT.
Si se aprueba la admisibilidad del juicio, el proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen acusando a cada uno de los cuatro jueces, en un trámite que se desarrollaría los próximos tres meses. Si pasan, estos proyectos estarían en condiciones de ser tratados por la cámara de Diputados. Este dictamen tendría tres años de validez para tratarse.
De los 14 expedientes que se tramitan, el que el oficialismo toma como anclaje es el presentado por el diputado Eduardo Valdés y otros pares e impulsado previamente por el presidente Alberto Fernández y mandatarios provinciales, quienes advierten que Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti incurrieron en mal desempeño en el ejercicio de su labor al frente del tribunal que ejerce el rol de superintendencia del Poder Judicial.
Las principales acusaciones se fundan en el fallo de la Corte que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto de coparticipación y en el que intervino en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. A su vuez, se critica al máximo tribunal por haber legitimado en 2017 el cómputo del "2x1" para que Luis Muiño, un represor de la última dictadura cívico-militar, accediera al beneficio de la libertad condicional.
