La Cámara Federal porteña confirmó hoy los procesamientos sin prisión preventiva de Jonathan Morel y los otros tres miembros de la agrupación Revolución Federal, pero cambió la figura penal a "incitación a la violencia colectiva" en la causa en la que es querellante la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal de Apelaciones confirmó "parcialmente" los procesamientos dispuestos por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi a Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile y modificó la calificación legal a "coautores penalmente responsables del delito de incitación a la violencia colectiva".
Martínez De Giorgi los había procesado por estar vinculados a "un plan criminal, consistente en imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor, utilizando para ello distintas redes sociales y medios masivos de comunicación".
Por medio de estos mecanismos "realizaban manifestaciones intimidantes, planeaban, coordinaban y difundían mensajes de odio y declaraciones violentas en contra de las actuales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional y sus simpatizantes", entendió el juez del caso.
El fallo del Tribunal de Apelaciones fue firmado por los miembros de la sala I Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi con disidencia de Mariano Llorens.
"Revolución Federal no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías", sostuvieron los jueces al cambiar la figura penal.
"Sí entendemos que las manifestaciones y conductas llevadas adelante por los encartados reúnen la entidad necesaria para ser provisoriamente consideradas como un estímulo a la violencia contra un grupo de personas", concluyeron.
La previa de esta decisión
Meses atrás, una denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) advertía que Revolución Federal podría estar involucrada en el atentado porque días antes había hecho un Twitter Space en el que Morel describía una metodología similar a la que usó Sabag Montiel cuando intentó matar a CFK. Esto es, infiltrarse entre la militancia para acercarse a Cristina hasta una distancia en que se le pudiera disparar.
El fiscal Gerardo Pollicita le pidió a Martínez de Giorgi que unificara las causas y enviara el expediente sobre Revolución Federal a María Eugenia Capuchetti para que lo investigara dentro de la trama del intento de homicidio a CFK. Pero ni la jueza Capuchetti ni el camarista Mariano Llorens estuvieron de acuerdo en unificar las causas.
En noviembre, la Cámara Federal porteña ordenó la excarcelación de Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile ya que entendió que no había elementos para sostener que su libertad pudiera poner en riesgo la investigación judicial por la que ya fueron indagados. En diciembre, la querella pidió que los imputados fueran nuevamente detenidos pero el juez Martínez de Giorgi rechazó el planteo.
