Después del planteo del Gobierno en contra de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy, y luego de que la Corte Suprema pidiera dictamen al Procurador General Eduardo Casal, el jefe de todos los fiscales consideró que el máximo tribunal es el ámbito de competencia para dirimir la discusión.
El 30 de junio, el ministro de Justicia Martín Soria presentó un escrito ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que se declare la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales.
Luego, el máximo tribunal había pedido dictamen a Casal, quien ahora respondió: "En atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte".
Entre sus argumentos, el Procurador Casal dijo que "toda vez que el Estado Nacional demanda a la provincia de Jujuy -a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esa instancia, cualquiera sea la materia del pleito".
El pedido del Gobierno
El Gobierno busca que la Corte firme una acción declarativa para que se declare como inconstitucionales algunos artículos de la nueva Constitución jujeña, al considerar que "vulneran los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna; así como con el Convenio 169 de la OIT".
La presentación firmada por Soria señalaba que la reforma de constitución provincial "sienta las bases de un reglamento represivo", con el cual se excusarían de "proteger el derecho a la paz social y a la convivencia democrática pacífica". En este sentido, pidieron que se vigile que no se haga "de manera violenta, o que impida u obstaculice el derecho de otros derechos”.
Por otro lado, se suma el cuestionamiento del Gobierno a "la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas" durante protestas sociales, ya que entienden que "el cumplimiento de tal cláusula implica el cercenamiento de los derechos de reunión, protesta y huelga de la totalidad del pueblo jujeño".
También ponen en duda el procedimiento de reforma de la Constitución de la provincia "por haberse omitido la debida y previa consulta a los pueblos originarios interesados, al tiempo que cuestiona el contexto en que se dio su modificación, porque entiende que se habrían manipulado los plazos procedimentales seguidos por la convención y el doble rol asumido, en simultáneo, por el Gobernador y como Convencional Constituyente".
