El gobierno nacional confirmó que va a apelar "inmediatamente" el fallo de Loretta Preska, la jueza estadounidense que decidió favorecer a un fondo buitre en su demanda contra la nacionalización de la petrolera YPF. El resultado de este juicio podría costarle entre 4.900 millones y 16.000 millones de dólares al Estado.
Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, comunicó: "El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska”. Además, contó que “el presidente Alberto Fernández analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro”. Subrayó: “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres".
La jueza de Nueva York ocupa el lugar del fallecido Thomas Griesa, un juez estadounidense que falló en varias causas en contra de Argentina en demandas de bonistas y fondos buitres. Ahora, ella intervino en el caso del fondo Burford contra la reestatización de la empresa petrolera nacional.
Previamente, la jueza había fallado contra Argentina en marzo. A fines de julio, la magistrada escuchó los argumentos de las partes en conflicto para establecer un monto indemnizatorio que, en rigor, no tiene plazo.
Preska llegó a la conclusión de que los fondos buitres tienen razón. Por el momento, no fijó una cifra de indemnización, sino que le ordenó a ambas partes presentar "una propuesta de sentencia consistente". Sin embargo, le cedió tres puntos claves a los demandantes: la fecha que se toma de referencia para la toma de control de YPF, la tasa de interés, y la formula para calcular la indemnización.
La indemnización que deberá pagar nuestro país si la apelación no tiene un resultado positivo es de, como mínimo, 4.900 millones de dólares. Su máximo, la cifra que piden los fondos buitres, es de 16 mil millones de dólares. Según la defensa argentina, a cargo de Carlos Zanini, se deberían "fijar en cero" los intereses de demora del país "debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario".
Otra cuestión fundamental es cuándo se considera que Argentina obtuvo el control de las acciones de YPF expropiadas. Los demandantes la ubican en el 16 de abril del 2012, cuando se mandó el proyecto de ley de expropiación al Congreso, mientras que el estado nacional lo pone en el 7 de mayo de ese año, cuando se aplicó la Ley de Expropiación 26.471.
Ahora, quedan dos instancias de apelación para no pagar: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos.
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