El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación (BNA), Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, en la denuncia penal por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado que motorizó la diputada María Graciela Ocaña. El magistrado ordenó una serie de medidas de pruebas instruir la causa.
De acuerdo a fuentes judiciales, el juez Daniel Rafecas, al frente del juzgado federal 9, recibió la denuncia y la giró a la fiscalía de Marijuan. La misma sostiene que Silvina Batakis y María del Carmen Barros “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio” del BNA para “la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la numeróloga’ para un ‘un curso de coach’ por la suma de $1.800.000″.
Además, Ocaña las acusa de “la designación de Héctor Javier Silva, exmarido de Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA” y por “el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”. También, quedaron bajo la lupa “el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de Barros, en el cargo de Gerente Departamental del BNA”.
La diputada denunció “la autorización de parte de Silvina Batakis a favor de María del Carmen Barros para que ésta última perciba diversos plus y premios que le permitirían cobrar un sueldo mensual que ascendería a la suma aproximada de $9.000.000” y el “permitir que Juan Manuel Romero, pareja de Barros, perciba a modo de remuneración la suma mensual de $700.000 aunque según refiere la denunciante ‘según dice gente del propio banco, prácticamente no va a trabajar’”.
Por último, Ocaña reclamó “un pedido de acceso a la información pública al Banco Nación, que hasta la fecha no se han dignado en contestar”. De esta forma, se espera la respuesta de la entidad bancaria para corroborar los movimientos denunciados.
