Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, anuncia hoy su plan "antipiquetes" para los próximos años. Este jueves, más temprano, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que este "incluye sanciones severas a los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia".
Este anuncia pareciera ser una advertencia a las organizaciones sociales, sindicales y piqueteras que ya están organizando la movilización del próximo 20 de diciembre, que conmemora las movilizaciones y los muertos de diciembre del 2001, e incluirá consignas contra las medidas económicas del gobierno de Javier Milei, que ya produjeron un fuerte salto inflacionario, con efectos muy duros sobre los alimentos.
Bullrich anunció que las fuerzas de seguridad intervendrán de "forma inmediata" frente a piquetes y cortes de calles, considerándolos delitos en flagrancia, y liberarán "el espacio de circulación" usando "la mínima fuerza necesaria, escalando según la resistencia ejercida". Además, anunció que las intervenciones policiales les serán facturadas a las organizaciones o individuos que protagonicen la manifestación.
Finalmente, la ministra relató que crearán "un registro de las organizaciones que participan de este tipo de hechos y quienes hacen de voceros de este tipo de manifestaciones". Terminó: "Se deroga el protocolo garantista de Nilda Garré".
Entre otras cosas, Bullrich anunció que "se va a trabajar también en las estaciones de tren, a las personas con material que debe ser incautado, palos, caras tapadas, o formas de participar en una manifestación sin ser reconocidos por las fuerzas de seguridad".
Además, expresó: "Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores, van a ser remitidos a las autoridades de intervención correspondientes, ya sea que vienen con un plan social o sean sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa". Siguió: "Si participan niños y adolescentes se va a dar aviso a la autoridad competente y se sancionará a aquellos que lleven a niños que deberían estar en las escuelas".
Bullrich aseguró que "el estado no pagará por el uso de las fuerzas de seguridad, lo harán las organizaciones o los individuos". Planteó: "Si son extranjeros con residencia provisoria, se enviará la información a la Dirección Nacional de Migraciones. Se creará un registro de las organizaciones que participan de este tipo de hechos y quienes hacen de voceros de este tipo de manifestaciones".
