Tras dilatar la decisión hasta último momento, la vicepresidenta Victoria Villarruel no validó la sesión especial que Unión por la Patria había solicitado para este jueves para ir al recinto mañana y rechazar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Durante la jornada de hoy, Villarruel concretó reuniones con distintas bancadas de la oposición dialoguista como, por ejemplo, la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO. También mantuvo contactos con el oficialismo y bloques provinciales claves a la hora del quórum.
"Eso no quiere decir que no convoque en breve, es una potestad de la presidencia hacerlo y cuando lo haga será en tiempo y forma", señalaron desde el entorno de Villarruel.
La razón principal para demorar la decisión es aguardar el desarrollo de la ley ómnibus que actualmente está siendo analizada en la Cámara de Diputados. Este asunto está generando tensión en el Senado y podría influir muchísimo en la labor legislativa a corto plazo.
Desde UxP ya están organizando una conferencia de prensa para este jueves para denunciar su accionar. "Es violatorio de la Constitución, del reglamento y de la ley 27.122, que regula el tratamiento del DNU", aseguran.
"La vicepresidenta es una representante del Ejecutivo que debe ser imparcial. No es una senadora más, si un grupo de legisladores le pide una sesión, ella lo único que tiene que hacer es garantizarla", se quejan en la bancada.
Sin embargo, Villarruel puede ampararse en el artículo 20 del Reglamento de la Cámara alta. El mismo establece que “el presidente, luego de recibir la petición, dispondrá la respectiva citación para el día y hora que mejor estime, si no los ha señalado el Cuerpo, según sea el asunto o las circunstancias del caso”.
Los senadores del interbloque de UxP habían enviado el 24 de enero una carta dirigida a Villarruel en la que solicitaban que "tenga a bien convocar a una sesión especial, a celebrarse el 1º de febrero del corriente año, a las 14, con el objeto de considerar el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70 del 20 de diciembre de 2023 (conf. Ley 26.122)". La carta llevaba las firmas del presidente del interbloque y del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans (Formosa), de la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Juan Manzur (Tucumán), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Sergio Leavy (Salta).
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