El Gobierno decidió reducir los subsidios a las empresas de servicio de transporte de pasajeros tras la suba del boleto de esta semana, según informó la Secretaria de Transporte, que depende del Ministerio de Economía. En su lugar, aseguran que esos fondos serán canalizados para asistir a los usuarios a través de la tarjeta SUBE.
El comunicado indica que, a partir de este año, “se elimina el Fondo Compensador del Interior, cuyas sumas también eran recibidas por empresas prestatarias de los servicios del resto del país”. En esa línea, el texto destaca que la medida es parte del proceso de descongelamiento de tarifas.
“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el AMBA, como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público”, indica el texto.
Desde la Secretaria de Transporte anunciaron que las personas que necesiten del aporte del Estado Nacional, “seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE”. Esa cobertura implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público. El problema es que hay provincias del país donde no opera ese sistema.
“La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, completa el comunicado.
Esta disposición toma lugar en un momento de tensión entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores, a raíz de la caída del proyecto de Ley Ómnibus. De hecho, el propio presidente Javier Milei estuvo compartiendo en redes sociales distintos posteos en donde se anticipaba un ajuste mayor a las provincias tras la derrota del oficialismo en el Congreso.
Esto último se complementó con el comunicado reciente de la Oficina del Presidente, que cargó de manera directa contra los gobernadores, a quienes acusó de "destruir la 'Ley Bases y Puntos para la Libertad de los Argentinos' artículo por artículo, horas después de acordar acompañarla". En esa línea, indicó que los ejecutivos provinciales "decidieron darle la espalda a los argentinos para proteger sus intereses e impedir que el Gobierno Nacional cuente con las herramientas para resolver los problemas estructurales de la Argentina".
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