Apoyándose en la violencia que se vive en Rosario y en la reciente captura de un menor de 18 como sospechoso por el crimen del playero en esa ciudad, el Gobierno apura un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad y reforzar su respuesta punitiva ante el delito.
Fiel a su estilo comunicacional, funcionarios destacados del Gobierno y el propio presidente celebraron en redes sociales la captura de un joven de 15 años como sospechoso de haber asesinado a un playero en Rosario. "El que las hace las paga", escribió Milei en Twitter, apoyado por Adorni con la frase "Delito de adulto, pena de adulto".
En la misma línea, Patricia Bullrich aprovechó la situación para motorizar una idea que desde hace tiempo circula en su espacio político y que asomaba entre las propuestas de campaña del actual presidente. “Ya está entrando al Congreso de la Nación la Ley de Imputabilidad, para que nunca más crímenes como estos queden impunes", escribió la ministra de Seguridad.
Una de las implicancias principales del proyecto, del que aún se desconoce el detalle, es que la edad a partir de la cual un chico podría recibir penas equivalentes a las de los adultos serían los 14 años y no los 16, como surgía de otras propuestas.
“Se está trabajando. No está terminado y aún no hay un borrador. Estará cuanto antes. Se revisaron más de 30 proyectos para tener uno acabado y superador. En la mayoría de los proyectos revisados se habla como edad de imputabilidad los 14 años”, dijo un colaborador de Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, a La Nación.
Para bajar la edad de imputabilidad a los 14 se modificaría la ley 22.278, sancionada en 1980 y modificada en el 83. Según el Régimen Penal de Minoridad vigente hoy, los adolescentes de entre 16 y 18 son punibles pero sólo pueden recibir condenas en caso de haber cometido crímenes con penas superiores a los dos años de cárcel, y no pueden ser encerrados en prisiones para mayores de edad.
Mientras el rumbo económico y político adoptado hasta el momento implica un fuerte desfinanciamiento y un consiguiente deterioro de la educación pública, así como la licuación de los ingresos de las familias trabajadoras y el crecimiento de la pobreza, la respuesta del Gobierno a los crecientes niveles de violencia se centra en el endurecimiento de las sanciones penales y la propuesta es, lisa y llanamente, bajar la edad de imputabilidad a los 14 años con iguales penas para cualquier tipo de delito.
