El Gobierno redobla la presión sobre las prepagas y decidió ampliar la medida cautelar a cinco empresas más. Esta decisión busca que las compañías retrotraigan los precios de los planes de salud a los de diciembre y se ordene la devolución a los usuarios de lo percibido por encima de la inflación en estos últimos meses.
La medida cautelar fue parte de la acción oficial llevada adelante por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, a raíz de los incrementos en torno al 170% en los precios de las prepagas tras la desregulación del sector que avaló el DNU 70/2023.
Esta acción cautelar, emprendida por la Superintendencia de Servicios de Salud, se fundamenta en la necesidad de preservar la competencia en el mercado, defendiendo así el principio del libre mercado frente a prácticas anticompetitivas, como el abuso de posición dominante y la imposición injustificada de incrementos en las cuotas.
El alcance de esta medida cautelar se está ampliando para abarcar a un total de 23 empresas de medicina prepaga, las cuales representan el 95% de los beneficiarios bajo este régimen. Las cinco empresas que se sumaron ahora son el Hospital Alemán, Hospital Británico, CEMIC, Grupo D.D.M SA y el Círculo Médico de Lomas de Zamora.
Fuentes oficiales aseguran que “no se trata de una intervención del mercado, sino justamente lo contrario” debido a que el rol fiscalizador de la Superintendencia quiere que se transparenten los indicadores y se garantice la libre competencia. El Gobierno, por su parte, ha desregulado el sistema de salud con la intención de promover la libertad de elección para los beneficiarios, permitiéndoles optar entre Obras Sociales y Prepagas.
Cuando se anunció la medida, Caputo la celebró en sus redes sociales: “Gran trabajo Juan Pazo y Pablo Lavigne, utilizando las herramientas institucionales como corresponde, y por supuesto un gran alivio para la clase media”.
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