El Gobierno declaró la emergencia pública en materia ferroviaria por un plazo de 24 meses, que podrían extenderse por otros dos años, en caso de que fuera considerado necesario por parte del Poder Ejecutivo o la Secretaría de Transporte, organismo que fue denominado como autoridad de aplicación.
La medida fue oficializada por medio de la publicación del Decreto 525/2024 en el Boletín Oficial, como resultado de un acuerdo entre el ministro Luis Caputo y el secretario de Transporte, Franco Mogetta, que aborda la “delicada situación” en que se encuentra el servicio.
El documento sostiene que el origen de la pérdida de calidad que ha registrado el servicio en los últimos años está en que “se ha registrado una ineficaz gestión y planificación de las contrataciones destinadas al mantenimiento del material rodante, lo cual ha conllevado, en la práctica, una sensible disminución de formaciones en servicio y por consiguiente una disminución en las frecuencias”.
En este sentido, remarcaron que la “alteración en los planes de mantenimiento y/o inversiones, tiene implicancias directas en la prestación de los servicios ferroviarios”, tras señalar que la mayor cantidad de descarrilamientos se presentaron en el transporte ferroviario de cargas producto del mal estado de conservación de la infraestructura.
Según el Gobierno, otro de los motivos del declive es la deuda heredada que posee la empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, la cual está encargada de administrar la operación de los recursos estatales. "No solo han puesto en serio riesgo la calidad del servicio, sino que avanza peligrosamente sobre las fuentes de trabajo y las condiciones laborales, hasta poner en riesgo la mínima rentabilidad que haga viable el sustento de la actividad misma", denunciaron.
No solo han puesto en serio riesgo la calidad del servicio, sino que avanza peligrosamente sobre las fuentes de trabajo y las condiciones laborales, hasta poner en riesgo la mínima rentabilidad que haga viable el sustento de la actividad misma
Por este motivo, plantearon como fundamental que los fondos públicos sean orientados "hacia el objetivo primordial de maximizar las inversiones y los recursos empleados para la prestación de un servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad". Incluso, argumentaron que el único camino a recuperar la eficiencia del servicio sería a través de reforzar la seguridad operativa.
Desde el Gobierno se comprometieron a asignar un presupuesto adicional de un billón doscientos noventa y tres mil setecientos ochenta millones de pesos ($1.293.780.000.000) que será utilizado para las tareas de fortalecimiento del sistema ferroviario nacional, mientras que trescientos cincuenta mil millones de pesos deberán imputarse en el presupuesto 2024. No obstante, la suma solo podrá ser utilizada para los proyectos que hayan sido aprobados.
Las autoridades establecieron un plazo de quince días para que las empresas Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado, Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria presenten propuestas que consideren “indispensables y urgentes” para mejorar la seguridad operativa del servicio.
Por otro lado, se autorizó a la Secretaría de Transporte y a las empresas ferroviarias a dar de baja las contrataciones de tercerizados que no se adecuen al plan de acción que deberá trazar Mogetta y su equipo de trabajo.
