Piden que le revoquen la prisión domiciliaria a uno de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. El represor salió de su domicilio 10 veces sin autorización, de modo que violó las normas judiciales.
Se trata del expiloto aviador de la Prefectura Naval Alejandro Domingo D'Agostino, que fue condenado en 2017 a prisión perpetua por pilotar los Vuelos de la Muerte de 1977 y matar a 12 personas. D' Agostino violó la norma de no retirarse de su casa sin autorización del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, por lo que el fiscal Félix Crous pidió que se le revoque el beneficio de la prisión domiciliaria.
El 18 de junio pasado, Crous, cuando solicitó que le revoquen la domiciliaria, argumentó que el genocida registró tres salidas el 29 de febrero y el 6 y el 23 de mayo, que "se realizaron sin autorización y sin aviso previo o posterior al tribunal".
Pero, según la investigación de Luciana Bertoia para Página 12, las salidas fueron más. "La modalidad de D’Agostino involucraba llamar en algunas oportunidades a la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica (DAPBVE) para avisar que saldría para asistir a algún turno médico. Ese mecanismo solo tendría que usarse en casos de emergencia, cuando no hay tiempo para avisarle al tribunal".
La Dirección, de esta manera, pudo demostrar que el genocida no salió en tres oportunidades sino en diez: 26 y el 30 de enero, el 18 y el 26 de marzo, el 10 y el 19 de abril y el 7 de mayo.
Para su condena, las víctimas de D'Agostino fueron señaladas por Alfredo Astiz, a quien visitaron los diputados libertarios, junto a otros genocidas. Se trata de un hecho que todavía está sin sanción. La visita se dio en el marco de un proyecto de ley del oficialismo para aligerar las penas de los represores condenados por delitos de lesa humanidad, bajo la premisa de que se trata de condenas injustas por su peso. Cúneo Libarona, ministro de Justicia, hasta se aventuró a decir que eran penas de "venganza".
Pero lo cierto es que la mayor cantidad de represores condenados o imputados cumple condena con prisión domiciliaria. El 80% de los enjuiciados está preso desde su casa, según el informe periódico que realiza el Ministerio Público Fiscal.
