Apenas comenzado este jueves, salió publicado en el Boletín Oficial el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, tal como el Gobierno había anticipado. La medida, surgida tras la multitudinaria marcha por la educación pública, se apoya sobre los repetidos argumentos del Ejecutivo respecto del equilibrio fiscal y la falta de dinero.
Entre las consideraciones del Decreto 879/2024, que vetó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno señaló que el proyecto es “manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente” porque no contempla el impacto fiscal que tendría la medida ni cómo se financiará. Para ello, citó la ley de Administración Financiera y el reglamento de la Cámara de Senadores.
En la misma línea, el Ejecutivo aseguró que el presupuesto de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, no incluye “los créditos necesarios” para cubrir los aumentos salariales y de fondos para gastos de funcionamiento que contemplaba la Ley. De este modo, “su implementación demandaría aportes adicionales del Tesoro Nacional”.
Continuando con los argumentos financieros, el Gobierno estimó que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario habría demandado “un gasto adicional” de unos $811.569.000.000. También consideró que aumentar los salarios del personal educativo representaría un “privilegio” respecto del resto del personal de la administración pública nacional.
Por otro lado, el texto firmado por Javier Milei y su Gabinete establece que una ley semejante no sería respetuosa de “la plena voluntad negocial de los actores colectivos y el principio de libre negociación colectiva” e insiste en que la medida “dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
“La responsabilidad asumida por el Poder Ejecutivo Nacional es lograr el equilibrio fiscal, mantenerlo a largo plazo y cuidar los escasos recursos con los que cuenta el Estado Nacional, restablecer el orden de las cuentas públicas y estabilizar la macroeconomía”, se lee también en el veto. Para rematar, el Gobierno sostuvo que el proyecto rechazado “no pretende defender” a las universidades sino “dañar al gobierno políticamente”.
Se espera que la Cámara de Diputados sesione el próximo miércoles 9 de octubre para aprobar o rechazar el veto a esta Ley de Financiamiento Universitario, que aparenta ir a ser más difícil de derribar que el aumento a las jubilaciones.
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