Guillermo Francos admitió este domingo que "si la oposición no da los votos necesarios" en el Congreso tanto para que Ariel Lijo como Manuel García Mansilla sean nombrados como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el oficialismo analizará "nombrarlos por decreto".
Así lo confirmó el jefe de Gabinete en una entrevista con Radio Mitre, donde consultado sobre la posibilidad de que Milei haga la designación por decreto, respondió que "son alternativas que están en análisis".
“Son todas las alternativas que tenemos en análisis, pero todavía no tomamos una decisión al respecto”, reconoció Francos y agregó: “Hicimos una propuesta que no fue tratada aún por el Senado. Estamos ante una Corte que va a quedar con menos miembros en poco tiempo, y hay una preocupación del Gobierno con que esté integrada”.
Francos explicó que el Gobierno tiene claro lo que busca con el nombramiento de Lijo y García Mansilla. Primero, van a empezar por hacer las designaciones a través del debate de los pliegos en el Senado, aunque va a ser complicado, porque el oficialismo tiene pocos diputados.
“Cuando estás en minoría todo cuesta mucho más. Ojalá pudiera funcionar. Es una discusión; me imagino los debates sobre estos pliegos, las negociaciones. Ya tendremos más legisladores para tener una posición más fuerte y una decisión más fluida”, expresó.
Hasta ahora, las negociaciones para nombrar a Ariel Lijo van bien, especialmente después de que el kirchnerismo diera señales de estar de acuerdo para avanzar con su designación. Esto podría llevar el pliego al Senado para votarlo, aunque no está claro si conseguirán los dos tercios de los votos necesarios para confirmarlo.
Por otro lado, el nombramiento de García Mansilla es más complicado. El pliego solo tiene seis firmas y el Gobierno no decide qué hacer. Lo que más preocupa a Milei es que, desde diciembre, la Corte Suprema quedará con solo tres miembros, porque Juan Carlos Maqueda, que tiene 75 años, llega al límite de edad para seguir. Si bien la Constitución permite que se quede otros cinco años, el presidente tiene que proponer su continuidad y el Senado aprobarla.
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