Asociaciones de jueces, camaristas, fiscales y defensores, así como el gremio judicial, se pronunciaron unívocamente contra un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJN), que dota de un considerable poder a la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según la reciente decisión del máximo tribunal, las causas nacionales deberán pasar por el Superior Tribunal porteño antes de llegar a la CSJN.
La CSJN emitió recientemente un fallo según el cual el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad podrá intervenir en las apelaciones de las causas correspondientes a la Justicia Nacional, tanto en el ámbito penal como en el comercial, el civil y el laboral. Asociaciones de funcionarios y trabajadores judiciales se unieron para denunciar la medida que, consideraron, es ilegal y atenta contra la estructura existente del Poder Judicial, dando a la Ciudad de Buenos Aires un poder desmesurado.
“La jurisdicción constituye uno de los mayores atributos inherentes a la soberanía del Estado que, en la República Argentina, se integra con el gobierno federal y los gobiernos de las provincias”, indicaron en un comunicado conjunto la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, los presidentes de las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones y los representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, de los Tribunales Orales Nacionales y de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional.

Además, señalaron que, aunque la CABA “es calificada como ‘gobierno autónomo’, su personalidad jurídico-política no emana de un poder originario y propio, sino que es el producto de la voluntad de un ente superior -la Nación Argentina- expresada en la Constitución”. Tanto el procurador Eduardo Casal como el juez de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en disidencia con sus colegas, adoptaron esta postura crítica.
“No existe base legal para atribuir al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires la potestad de revisar una sentencia dictada por las Cámaras Nacionales de Casación y de Apelaciones”, señalaron las organizaciones mencionadas. También recordaron que, de acuerdo con el Código Procesal, la impugnación de las sentencias de las cámaras nacionales se realiza a través de un Recurso Extraordinario Federal ante la CSJN.
Contrariamente, “una vía recursiva ante un tribunal local contra las decisiones dictadas por jueces que integran la justicia nacional modifica la estructura del Poder Judicial de la Nación”, definida por Ley. Dicho esto, el mensaje cierra: “Quienes suscribimos el presente comunicado ratificamos nuestra postura histórica: LA JUSTICIA NACIONAL NO PUEDE SER TRANSFERIDA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, conforme una recta interpretación de la Constitución Nacional”.