En el marco de la Causa Vialidad, la Fiscalía pidió que la Corte Suprema condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por asociación ilícita. Cabe destacar que el reclamo lo hizo el fiscal general, Mario Villar, al apelar la resolución de la Cámara de Casación Penal que ratificó la condena a la expresidenta.
Según la Fiscalía, Cristina Kirchner no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos. "En esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte", señalaron. Si retrocedemos en el tiempo, el año pasado Casación había ratificado la condena de la expresidenta a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos.
En ese sentido, los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, por decisión mayoritaria, rechazaron la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita.
Los argumentos de la Fiscalía contra Cristina Kirchner
En el marco del pedido de la Fiscalía, Villa argumentó: "El delito de asociación ilícita se caracteriza por castigar la membresía, o la actuación como miembro de ésta, sin necesidad de que se ejecuten los hechos planificados. Entonces: ¿cómo se explica que traten de excluir la aplicación de este tipo penal por cómo se tratan jurídicamente los hechos cometidos posteriormente? La Cámara de Casación no lo contesta".
"La principal arbitrariedad que exhibe la sentencia en crisis radica en la confirmación de la absolución de Lázaro Báez, Cristina Kirchner, Julio de Vido, Julio López y Nelson Periotti por el delito de asociación ilícita", agregó.
Además, el fiscal sostuvo: "Según se probó suficientemente en el debate, ellos, instauraron y tomaron parte en una matriz de corrupción que, mediante la división de roles definidos estratégicamente, la cual fue sostenida ininterrumpidamente a lo largo de más de 12 años y estuvo orientada a cometer múltiples delitos para detraer y apoderarse ilegítimamente de millonarios fondos públicos".
Finalmente, Villa concluyó: "En efecto, no se trata únicamente de ‘irregularidades en algunas licitaciones’, sino de una estructura de poder jerarquizada, destinada a sustraer de modo sistemático fondos reservados a la obra pública".
