El escándalo que puso al presidente Javier Milei en el ojo de la tormenta por la promoción de la criptomoneda $LIBRA no para de escalar. La oposición intenta que el Congreso empiece a tomar trascendencia institucional: a los pedidos de juicio político y la creación de una comisión investigadora, ahora se sumaron pedidos para citar a las principales figuras del Gabinete a la Cámara de Diputados.
Una de las iniciativas apunta interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el vocero presidencial, Manuel Adorni. Fue presentada por un grupo de diputados de Encuentro Federal. A su vez, la Coalición Cívica reclamó que Francos comparezca al recinto por tratarse del ministro coordinador del Gabinete.
Ninguna de las iniciativas hasta ahora presentadas tiene el consenso suficiente para avanzar. Por este motivo, distintos operadores de la oposición iniciaron conversaciones en las últimas horas para llevar adelante una única estrategia. Deberán esperar hasta el inicio de las sesiones ordinarias y emplazar a las comisiones respectivas para darle curso a cualquiera de las propuestas, conscientes de que el oficialismo y sus aliados intentarán frenarlos.
Desde el peronismo deslizaron que si bien ellos han impulsado el juicio político del Presidente porque creen que "la comisión ya brinda el ámbito para iniciar la investigación", afirmaron que si se reúne consenso con los demás bloques estarían "abiertos a apoyar otras iniciativas, sea la interpelación al Gabinete o la creación de una comisión investigadora”.
Quienes impulsan el pedido de interpelación a las principales figuras del gabinete libertario sostienen que, si el Gobierno acepta, podría aprovechar el escenario para dar las explicaciones correspondientes e intentar salir de la encerrona en la que se encuentra. Son escasos los antecedentes de una interpelación a un ministro en el Congreso: la más resonante fue la que protagonizó el exministro de Economía Domingo Cavallo en 1995, que duró once horas.
“La gravedad del hecho radica en que el propio Presidente, en uso de su investidura y de su llegada masiva al público, promovió un activo financiero sin regulación ni respaldo, lo que pudo haber inducido a error a pequeños inversores. Este episodio no solo afectó el patrimonio de los inversores damnificados, sino que generó un grave daño a la confianza en las instituciones argentinas y a la credibilidad del país en los mercados financieros internacionales”, argumentaron Nicolás Massot, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer, Natalia De la Sota y los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, autores del proyecto.
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