En la noche de este lunes, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 179/2025 que oficializa el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), saltándose su tratamiento en el Congreso. Se trata de otro Programa de Facilidades Extendidas, cuyo dinero se utilizaría para cancelar parte de la deuda que el Tesoro tiene con el Banco Central y enfrentar los vencimientos de créditos tomados con ese mismo organismo en un acuerdo del 2022.
Según dispone el artículo 1° del decreto, las operaciones de crédito público aprobadas bajo este nuevo programa con el FMI tendrán un plazo de amortización de 10 años, con un período de gracia de 4 años y 6 meses. Los Fondos resultantes de este nuevo préstamo se dirigirán a cancelar letras intransferibles en dólares en manos del BCRA, empezando por los vencimientos más próximos, y a los pagos de deuda correspondientes al acuerdo del 2022.
El DNU tiene apenas cinco artículos y, en el segundo, faculta al propio Gobierno, a través del Ministerio de Economía u otra autoridad, a disponer de “los instrumentos necesarios para dar cumplimiento” al acuerdo. Se trata de una medida de dudosa legalidad, en el marco de la presión cambiaria y la escasez de reservas. En los fundamentos del Decreto, el Gobierno se justificó apuntando a la necesidad de fortalecer financieramente al Banco Central, garantizar la estabilidad macroeconómica, bajar las restricciones cambiarias y reducir la inflación.
Denunciaron penalmente a Milei por el acuerdo con el FMI
La aprobación por decreto de un nuevo acuerdo con el FMI ya generó reacciones en la oposición. Por caso, este lunes, un grupo de diputados peronistas denunció penalmente a Javier Milei "por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en el Fuero Federal en lo Criminal y Correccional.
La demanda, presentada por Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi, cayó en el juzgado de Sebastián Ramos y la fiscalía de Carlos Rívolo.
Es que, según la llamada Ley Guzmán, "todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier operación de ampliación de los montos de ese programa, requerirá de una ley del Congreso".
Por otro lado, dadas las actuales condiciones, el DNU requeriría el rechazo de las dos cámaras para perder vigencia.
Más Información
