En medio de la tensión por el Protocolo Antipiquetes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó un Habeas Corpus preventivo y colectivo para proteger los derechos de quienes participen en la marcha de los jubilados de este miércoles. La acción judicial apunta a frenar detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como porteñas.
El organismo pidió que la Justicia le ordene a la policía respetar los estándares internacionales en la gestión de protestas, además de garantizar que todos los agentes estén correctamente identificados con nombre, apellido y rango visible en sus uniformes.
Habeas Corpus y preocupación por el accionar policial
Desde que entró en vigencia el Protocolo de Mantenimiento del Orden Público, la Defensoría viene siguiendo de cerca el accionar de las fuerzas de seguridad. En los últimos meses monitoreó 30 movilizaciones y presentó 56 pedidos de informes a los Ministerios de Seguridad de Nación y de la Ciudad, pero hasta ahora no recibió respuestas.
En estos informes, el organismo advirtió sobre la inconstitucionalidad del protocolo, el uso excesivo de la fuerza, la presencia desproporcionada de efectivos y la violación de derechos humanos. Además, denunció que la normativa afecta la autonomía porteña en materia de seguridad.
Desde diciembre de 2023, la Defensoría intervino en la asistencia de más de 80 personas detenidas y 164 manifestantes que necesitaron ayuda humanitaria a través del Cuerpo de Emergencias y Primeros Auxilios (CEPA). En la última movilización, el saldo fue de 114 detenidos -que fueron liberados al día siguiente, ya que no había pruebas- y más de 400 asistidos.
No solo esto, sino que junto con el Habeas Corpus preventivo, la Defensoría presentó otras dos acciones judiciales.
- Un habeas corpus específico para niños, niñas y adolescentes que participen en la protesta. La intención es que la Justicia prohíba a las fuerzas de seguridad detener a menores de edad, salvo en casos de flagrancia de delitos graves.
- Un recurso para garantizar la labor del personal humanitario. Se busca que la Justicia obligue a la policía a no interferir con el trabajo del grupo de rescatistas y atención humanitaria CEPA, que se encarga de asistir a manifestantes en situaciones de emergencia.
La Defensoría sigue de cerca el desarrollo de las protestas y el accionar de las fuerzas de seguridad. Mientras tanto, la Justicia deberá definir si hace lugar a estos pedidos en un contexto donde la represión, ordenada por Bullrich, en las marchas es moneda corriente.
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