En un nuevo golpe judicial para Alberto Fernández, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires ordenó reabrir y profundizar la investigación sobre la compra de vacunas contra el COVID-19, en particular las negociaciones con la farmacéutica Pfizer. La Sala I del tribunal, compuesta por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, revocó el archivo dispuesto por el juez federal Ariel Lijo a finales del año pasado, quien había desestimado las denuncias presentadas al respecto.
La Cámara fundamentó su decisión en que aún existen incógnitas sobre los detalles de las negociaciones entre el Gobierno de Alberto Fernández y los representantes de Pfizer. La investigación se centra en dos denuncias presentadas en 2021, La primera de ellas, impulsada por un grupo de diputados de la oposición, cuestiona por qué el Gobierno no había adquirido las vacunas en tiempo y forma. Por su parte, la segunda, presentada por los familiares de cuatro personas fallecidas a causa del COVID-19, busca esclarecer las razones detrás de la falta de adquisición de la inmunización.
La denuncia de los diputados opositores, firmada por los entonces legisladores Omar de Marchi, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid, María Carla Piccolomini, Francisco Sánchez, Fernando Iglesias, Ingrid Jetter, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Jorge Enríquez y Federico Zamarbide, apuntaba a que el Gobierno de Alberto Fernández no había logrado acceder a las dosis de manera oportuna.
Tras la desestimación de la causa por parte de Lijo, el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la resolución, destacando la notoria diferencia en los tiempos de trámite entre las distintas compras de vacunas, señalando que el caso de Pfizer evidenciaba un inevitable aletargamiento y una falta de transparencia en los registros del proceso de adquisición.
Ante la apelación, los jueces de la Cámara señalaron que la investigación no había indagado lo suficiente en los procesos de compra ni en las negociaciones con otras empresas, con las que el Gobierno de Alberto Fernández adquirió vacunas con mayor antelación. En este sentido, la Cámara consideró que la falta de pruebas impide descartar la posibilidad de que haya existido un trato desigual en comparación con otros laboratorios.
