Mientras que la Unión Europea (UE) prentende imponerle exigencias productivas y medioambientales a los productores sudamericanos para importar sus alimentos, a sus agricultores les alivianan sus obligaciones.
Tal es así, que la Comisión Europea decidió hoy flexibilizar las obligaciones y regulaciones asociadas para que sus productores de pequeñas escala puedan acceder a los subsidios, tras sendas protestas realizadas por los agricultores europeos.
Así, la UE decidió limitar los controles en los campos a una sola vez por año, cuestión que le podría ahorrar al sector 1.580 millones de euros al año.
Teniendo en cuenta que la UE tiene un programa de subsidios agrícolas que asciende a 387.000 millones de euros para el período 2021/27, los pequeños agricultores quedarían exentos básicos medioambientales para acceder a ellos.
“La Comisión está del lado de los agricultores y estamos haciendo todo lo posible para reducir la burocracia para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer: producir alimentos para todos nosotros y, al mismo tiempo, proteger nuestros recursos naturales”, afirmó el Comisario de Agricultura de la UE, Christophe Hansen.
¿Y para los nuestros?
Mientras la UE flixibiliza exigencias medioambientales para sus productores, para los sudamericanos es diferente.
Cabe recordar que 14 de noviembre de 2024 el Parlamento Europeo aprobó a finales del año pasado la prorroga para la entrada en vigencia de la normativa 1115/2023 que obligaba a los países proveedores de alimentos a dicho bloque a cumplir con exigencias de productos libre de deforestación, cuestión que fue fuertemente resistida por las entidades agropecuarias y el sector exportador argentino.
De esta manera, la iniciativa, que debía entrar en vigencia el 1° de enero de 2025, ahora lo hará recién a finales de dicho año. “Este plazo adicional permitirá a los operadores de todo el mundo aplicar las normas sin problemas desde el principio, sin socavar los objetivos de la ley”, explicaron desde la Unión Europea.
Esta prórroga fue aprobada con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones. Allí no solo se definió que los denominados grandes operadores tendrán tiempo para adecuarse a los requisitos hasta el 30 de diciembre, sino que los de menor tamaño tendrán un plazo que se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
La normativa plantea que una canasta de productos, entre ellos la soja y la carne bovina, deben estar certificados como libre de deforestación para poder ingresar al bloque, cuestión que fue tomada por parte de los países exportadores - entre ellos Argentina - como simples medidas para arancelarias.
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