En la causa, a cargo del juez Ariel Lijo, que investiga las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial, María Guadalupe Burgos admitió que a lo largo de 17 años firmó cheques por los pagos de la obra social, que son alrededor de mil millones de pesos mensuales.
La sobrina de la esposa del ministro de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, llevó adelante este accionar sin ser contadora, abogada o tener otra profesión y con escaso o ningún control. A cambio, cobró un sueldo mensual de 400.000 pesos desde que entró a la obra social en 2005. Al no tener formación para el cargo, la mujer fue designada como subsecretaria, pero terminó manejando la tesorería, desde donde hizo los pagos a los prestadores, médicos, reintegro a afiliados y la totalidad de los movimientos de dinero habituales.
El punto básico que puso en marcha el escándalo que se tramita en Comodoro Py, es que la obra social funcionaba relativamente bien, pero en los últimos años empezó a defeccionar en los servicios y, además, entró en una gravísima bancarrota económica.
Al no tener formación para el cargo, la mujer fue designada como subsecretaria, pero terminó manejando la tesorería
Dentro de la Corte, Maqueda era el responsable del seguimiento y lo hacía a través de un hombre de su estrecha confianza, Aldo Tonón. Como quedó claro a partir de la declaración de Burgos, también los demás puestos de responsabilidad estaban en manos de familiares o allegados a Maqueda. Dentro del máximo tribunal, algunos sostienen que, en razón de su edad, el cordobés perdió algo del control de la obra social y eso derivó en desmanejos de todo tipo.
Los cargos que ocupaban los allegados a Maqueda
La histórica secretaria del juez Juan Carlos Maqueda, Martita, fue directora la directora de la obra social, su actual secretaria, Maribé Bonucelli, también ocupó un cargo de alto rango y su sobrina, María Guadalupe Burgos, firmaba los cheques. También su hermana trabaja en la Corte, al igual que la madre de ambas.
A partir de la investigación sobre las empresas cordobesas que se quedaron con contratos de gran envergadura, sin tener ni antecedentes ni estructura, varias personas del círculo de Maqueda afrontarán las imputaciones empezando por Tonón.
Además, se menciona la existencia de afiliados de privilegio, que recibían autorizaciones para tratamientos no contemplados por la cartilla.
Farmandat, una compañía cordobesa casi inexistente, ganó una licitación por 2.600 millones de pesos y la adjudicación fue firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y el propio Maqueda, mientras que Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no pusieron su rúbrica. Mucho antes, Farmandat había sido denunciada más de una vez por lo que se llamó "la mafia de los medicamentos" y, en el camino, también la asociación de oftalmólogos sostuvo que hubo decisiones arbitrarias y maniobras sospechosas en las contrataciones de servicios.
Además, se menciona la existencia de afiliados de privilegio, que recibían autorizaciones para tratamientos no contemplados por la cartilla, mientras que a la mayoría de los demás afiliados se les negaban esas autorizaciones.
