El Ministerio Público de Perú comenzó una investigación preliminar para determinar si el presidente Pedro Castillo cometió los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada en el caso Puente Tarata.
Aunque el mandatario no puede ser acusado penalmente mientras esté en el cargo, será interrogado en declaración indagatoria y fue notificado de dicha disposición.
La fiscalía investiga si integran una presunta red criminal y que estaría liderada por Castillo.
Según explicaron desde el organismo, la pesquisa va a llevarse adelante “sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones” y en su transcurso, el mandatario “tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa y el respeto al artículo 117 de la Constitución”.
En dicho artículo se estipula que los presidentes de Perú solo pueden ser acusados penalmente por una serie de causas entre las que no se encuentra las que ahora están siendo investigadas.
El fiscal a cargo es Pablo Sánchez y se busca esclarecer el caso Puente Tarata, donde están involucrados el exministro de Transportes, Juan Silva, y seis congresistas de Acción Popular. La lobista Karelim López acusó de haberse confabulado para beneficiar con siete licitaciones a constructoras chinas y peruanas en Provías Descentralizado.
La fiscalía investiga si integran una presunta red criminal que operó en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que estaría liderada por Castillo. Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas -uno que captaba y negociaba con empresarios y otro responsable de la ejecución de los delitos- y contaría con una estructura vertical.
