El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a Jonathan Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile, miembros de Revolución Federal. El motivo es la organización y participación en agrupaciones permanentes o transitorias "que tuvieren como objetivo imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor".
Los cuatro fueron procesados sin prisión preventiva y cada uno sufrirá un embargo sobre sus bienes de nueve millones de pesos. Todos ellos habían sido liberados el martes pasado por orden de la Cámara Federal porteña, que consideró que no existían “riesgos procesales suficientes” para “mantener la medida de coerción personal dispuesta por el juez de grado”.
Ahora, el delito por el que fueron procesados, previsto en el artículo 213 bis del Código Penal, establece una pena de "reclusión o prisión de tres a ocho años" para aquel que "organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que (...) tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.
Habían sido liberados el martes pasado, pero ahora fueron procesados -sin preventiva- a una pena de tres a ocho años. Cada uno sufrirá un embargo sobre sus bienes de nueve millones de pesos.
Según el fallo, los integrantes de Revolución Federal infundieron temor en la población y obligaron a autoridades públicas nacionales a "abstenerse de salir a la calle en condiciones seguras, a cancelar conferencias de prensa por miedo de daño a futuro, o mostrarse en público junto a sus simpatizantes".
Algunos de los episodios a los que se refiere son los incidentes contra el vehículo que transportó a Sergio Massa en su asunción como Ministro, en agosto. Además, en el caso de Morel, participó de una pelea en la esquina de Juncal y Uruguay con militantes oficialistas durante las vigilias por la vicepresidenta, y al ser demorado se le secuestró elementos cortantes y telas embebidas en combustible.
Pero lo más fuerte tiene que ver con lo volcado por la agrupación en las redes: “Los vamos a perseguir, van a tener miedo de salir a la calle. El robo y la corrupción en Argentina va a dejar de ser gratis, por las buenas o por las malas (…) TOD☀S van a sufrir las consecuencias de sus actos", o "marchamos hacia Casa Rosada para exigir la renuncia de Alberto y CFK”.
"Tanto por las redes sociales como en las calles, realizaron actos y emitieron expresiones tendientes a alentar o incitar a la persecución, a la violencia colectiva y a la propagación del odio, principalmente contra autoridades públicas de la actual gestión del Poder Ejecutivo Nacional y/o de sus adeptos, constituyéndose así en uno de los actores que agitaron en la sociedad un clima de violencia social, cuyo acto de mayor gravedad institucional resultó ser el intento de magnicidio de la Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner, el pasado 1° de septiembre", resumió el juez.
Más allá de estas declaraciones, la causa no tiene punto en común -por ahora- con la investigación por el atentado contra Cristina. De hecho, tramitan en juzgados distintos.
