Las organizaciones piqueteras y los movimientos sociales se encuentran en las vísperas del comienzo de un conflicto grave con el gobierno nacional, del cual muchas forman parte. Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que agrupa al Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de los Trabajadores Excluidos y Somos Barrios de Pie, entre otras, se declararon en "alerta y movilización", y anunciaron asambleas en todo el país y un acto central en el Obelisco para el miércoles. Son medidas de fuerza novedosas para el gobierno de Alberto Fernández, hasta ahora de buena relación con las organizaciones cercanas al peronismo.
El conflicto tiene tres aristas fundamentales: la relación entre los salarios sociales del programa Potenciar Trabajo y el Salario Mínimo Vital y Móvil, la posibilidad de que haya gente que no cobre su sueldo de diciembre por el escándalo del informe de AFIP sobre irregularidades en el Potenciar Trabajo, y el riesgo de que no haya aguinaldo para los trabajadores de la economía popular.
El primer tema es una discusión fuerte entre el Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por Victoria Tolosa Paz, y las organizaciones sociales. Hoy en día, el monto del Potenciar Trabajo es siempre el 50% del Salario Mínimo, y los beneficiarios trabajan, para recibirlo, cuatro horas al día. Eso significa que cuánto cobran los cooperativistas y las personas organizadas en la economía popular se decide en el Consejo del Trabajo, al mismo tiempo que el salario mínimo. Sin embargo, desde Desarrollo Social buscan que estos montos se discutan en el recientemente creado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, que aún no existe pero estará integrado por representantes de las organizaciones y de los Ministerios de Desarrollo Social, Economía y Trabajo.
Desde UTEP, por su parte, consideran que romper la relación entre el salario mínimo y el salario social es, en algún punto, dividir a lo que ellos consideran la clase trabajadora. Mientras tanto, hay sectores del sindicalismo que preferirían negociar sin tener en cuenta a los beneficiarios del Potenciar Trabajo, ya que cada suba del salario mínimo representa, si ellos están adentro, mayores gastos para el estado.
Al mismo tiempo, persiste el conflicto por el discutido informe de AFIP, que había determinado que 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo habían declarado Bienes Personales, comprado dólares, o estaban en el registro automotor. Si bien desde Desarrollo Social salieron a aclarar que apenas 2.500 personas tenían irregularidades, el caso ya llegó a la Justicia, por lo que no se sabe esos cientos de miles de personas cobrarán su salario. Eso, le dijo el dirigente del Evita Gildo Onorato a La Nación, "pone a la Argentina en una situación de desborde social".
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