Luego de una serie de aceleradas negociaciones entre la llamada oposición dialoguista y La Libertad Avanza, el gobierno habría aceptado una serie de cambios en la Ley Ómnibus para contentar a los diez gobernadores de Juntos por el Cambio, que apoyarían el dictamen oficialista en el plenario de comisiones, que comenzará a las 20:30. Según trascendió, podrían reunir 50 firmas para sacar dictamen.
Entre los cambios aceptados por el oficialismo están el cumplimiento de la Disposición dictada por la Corte Suprema para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el acatamiento estricto a las decisiones de esa institución en la relación entre Nación y la ciudad gobernada por Jorge Macri.
Además, los gobernadores pidieron modificar el blanqueo planteado en la ley. Previamente, este estaba dirigido a la capitalización del Banco Central, mientras que ahora irán a fortalecer al Tesoro. El proyecto destaca la difícil situación fiscal y financiera de los gobiernos provinciales.
Por otro lado, se bloquearía la eliminación del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR) y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial. Mientras el primero financia obras de infraestructura económica y social, mientras el segundo asiste y financia programas de desarrollo, mejoras de eficiencia, e incrementos de la calidad en distintos sectores de la economía.
Por otro lado, cambiaron la forma en que se determinará el Salario Mínimo Docente, traspasarían el Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional, compensando las deudas de las provincias con este ente, y garantizando los flujos que permitan hacer frente a las compensaciones anuales por las cajas jubilatorias no transferidas de las provincias que aún no lo hicieron, entre ellas Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.
Finalmente, se eliminaría la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes. Los gobernadores le pidieron al oficialismo la eliminación del Artículo 182°, que establecía que las tarjetas de débito y crédito pueden realizar retenciones impositivas a sus clientes cuando así lo decidan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes.
