Tras los tres días de sesión en Diputados para tratar la Ley Ómnibus, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le entregó a la Justicia los gastos del operativo antipiquete y "los daños causados y la permanente agresión en el Congreso" para que "las organizaciones y los responsables se hagan cargo de cubrir los costos".
"Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificados los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos", escribió la ministra en su cuenta de X.
En la publicación, la funcionaria publicó una imagen en la que se indica que la suma total de los gastos operativos de cada una de las Fuerzas asciende a un total de $134.486.038,08, de los cuales $55.489.310,44 corresponden a Gendarmería, $45.981.438,12 a Prefectura Naval Argentina, $555.289,52 a la Policía de Seguridad Aeroportuaria y $32.460.000 a la Policía Federal.
"A los $134.486.038,08 les vamos a sumar los gastos médicos de los efectivos lesionados. ¡El que las hace, las paga!", agregó la ministra en su publicación.
Dijimos que íbamos a cobrar los daños causados y la permanente agresión en el Congreso. Presentamos a la Justicia los gastos del operativo para que, una vez identificadas las organizaciones y los responsables, se hagan cargo de cubrir los costos.
A los $134.486.038,08 les vamos… pic.twitter.com/Z0ro2k0LWP
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 5, 2024
A través de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, la cartera que conduce Bullrich le solicitó a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dicte una medida cautelar contra los responsables de esos hechos.
“De acuerdo a las normas procesales que rigen el cobro de las costas del proceso, solicitamos que -una vez identificadas a las personas y las organizaciones responsables de los disturbios y los daños ocasionados- se ordene en forma inmediata el embargo o la inhibición general de bienes de los imputados, a fin de cubrir la totalidad de los gastos ahora informados”, señala el texto que se entregó a la Justicia.
Para pedir las sanciones, la ministra se ampara en su propio protocolo antipiquete el cual aún no fue ratificado en la Ley Ómnibus. El 10 de enero, el Ministerio de Seguridad intimó a sindicatos y centrales obreras que marcharon a Tribunales el 27 de diciembre a pagar más de $40 millones por el costo del operativo.
